El Consejo Superior de Seguridad Vial del Estado español aprobó el pasado 23 de noviembre la Estrategia de Seguridad Vial para el período 2011-2020, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Europea en cuando a objetivos de reducción de víctimas en ese período. A principios de marzo, el Consejo de Ministros ratificó la medida al aprobar la política de seguridad vial para este mismo período basada en los objetivos y las actuaciones de dicha Estrategia.
El objetivo final de esta nueva política es reducir a la mitad el número de víctimas fallecidas en accidentes de tráfico en los próximos 10 años, tal y como aconseja la Comisión Europea. Esta ambiciosa meta se desmenuza en varios objetivos más concretos concernientes a diferentes áreas, aunque en todos los casos siguen siendo demasiado generales y necesitarán de medidas de a pie. Tras el salto, los objetivos más representativos:
- Reducir la tasa de fallecidos en carretera a 37 por cada millón de habitantes, frente a los 59 por millón registrados actualmente
- Reducir a cero el número de niños fallecidos por no llevar sistemas de protección infantil
- Reducir en un 30% los fallecidos por atropellos producidos por salidas de la vía, o por accidentes in itinere
- Reducir en un 25% los fallecidos y heridos graves en edades comprendidas entre 18 y 25
- Reducir en un 10% el número de fallecidos mayores de 64 años
- Reducir en un 20% los motoristas fallecidos y heridos graves
- Conseguir menos de un 1% de positivos por alcoholemia en controles preventivos aleatorios
- Reducir a la mitad el número de comerciales ligeros que superan en 20 km/h la velocidad máxima permitida en la vía
- Conseguir un millón más de desplazamientos en bicicleta sin que se incremente la siniestralidad del colectivo de ciclistas
Como vemos, los objetivos son ambiciosos aunque no resultan para nada descabellados. Para conseguirlos, se necesitará un gran esfuerzo por parte de todos, tanto de las administraciones y de los legisladores como de los usuarios de la vía. Se han establecido una serie de pautas básicas para conseguir que el alcance de esta política sea el máximo posible, a saber:
- Educación y formación de los usuarios de las vías.
- Comunicación para formar una sociedad concienciada.
- Creación de normativa y aseguramiento de su cumplimiento
- Salud y seguridad vial mediante la identificación de situaciones de riesgo como el alcohol y las drogas.
- Seguridad en el vehículo incorporando nuevos sistemas de seguridad activa y pasiva.
- Infraestructura para disponer de carreteras bien diseñadas y conservadas.
- Refuerzo de la seguridad vial en zonas urbanas
- Incidencia en transporte profesional y
- Atención a las víctimas, su protección y apoyo, así como a sus familiares.
- Investigación y gestión del conocimiento más preciso de la causalidad de los accidentes y de la efectividad de las medidas adoptadas.
- Coordinación y participación de todas las Administraciones con competencias, consolidando un mecanismo de coordinación dinámico y eficaz basado en el compromiso de los agentes implicados que constituye un reto fundamental en esta nueva Estrategia.
Esta política tendrá gran calado a nivel institucional, ya que afecta a numerosos organismos de varios Ministerios. La DGT, Protección Civil (ambas dependientes de Interior), el Ministerio de Justicia, el de Educación, de Trabajo, de Sanidad, de Fomento y el de Industria están involucrados en el desarrollo de estos planes, que serán revisados en 2015 para comprobar su efectividad, y modificarlos para el período 2016-2020 si fuera necesario.
Es innegable que las intenciones de esta política a 10 años vista son dignas de admirar, aunque está por ver cómo será la respuesta de todos los implicados. ¿Se volverá la circulación de vehículos más restrictiva? ¿Serán los usuarios capaces de tener un comportamiento más respetuoso para con los demás? Habrá que esperar a que se pongan en marcha las primeras medidas para comprobar su impacto real en la situación vial española.
Fuente: Patrulleros
Fotografía: tejvanphotos | M.Peinado
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