La lista de servicios a los que podía acceder un consumidor en un centro comercial hasta ahora crecerá muy pronto. Y lo hará para acoger también a la Inspección Técnica de Vehículos, más conocida por sus siglas ITV. Estos días conocíamos que ATISAE, primera entidad privada autorizada para desarrollar esta actividad, que hasta ahora correspondía a la administración pública y en especial a las Comunidades Autónomas con las competencias transferidas.
Pero El Corte Inglés ya ha puesto la primera piedra de las nuevas instalaciones en sus centros comerciales de Alcalá de Henares y Arroyosur (Leganés), destinadas a realizar las inspecciones de la ITV según los protocolos y las normas generales de la Administración Central, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, la normativa europea y la firma TÜV-SÜD. Como veremos a continuación hablamos de un negocio laborioso, pero también delicado.
Son muchas las voces que ya se han pronunciado a favor de una liberalización del sector, pero como veremos a continuación la importancia de las ITV para la seguridad de los automóviles que circulan por España y el tema medioambiental, nos invitan a pensar que no deberíamos dejar esta responsabilidad en manos de cualquiera.
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Y El Corte Inglés no es un “cualquiera”, sino una próspera cadena de centros comerciales que factura decenas de miles de millones de euros al año. La instalación de un centro de ITV requiere un centro de grandes dimensiones aunque, llegados a este punto, no dudaremos de que ECI no tendrá problemas para levantar su infraestructura.
El problema llegaría con la incompatibilidad de intereses que se presenta cuando una empresa es “juez y parte” en la Inspección Técnica de Vehículos. El Corte Inglés no solo prestaría el servicio de revisiones sino que también ofrecería las reparaciones que fueran necesarias para pasar la inspección en sus más de cincuenta talleres Motortown, integrados en sus propios centros comerciales. En el caso de la adjudicación de las ITV a los talleres y concesionarios, el caso parece aún más evidente. La sociedad actual nos ha hecho pensar que cualquier ámbito público puede ser susceptible de privatización, pero eso no siempre redunda en un beneficio para el cliente.
Aún creyendo en la honorabilidad de los centros comerciales y, si se liberaliza el sector, de los talleres y los concesionarios, ¿no creéis que las suspicacias que podría levantar la decisión serían suficientes como para seguir manteniendo la línea pública (o semi-pública) actual? ¿Garantizarían el mismo rigor y buen servicio las nuevas estaciones de ITV que las que ya han existido durante todos estos años?
Fuente: Atisae | Expansión | Motorpasión
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