El director de la Dirección General de Tráfico, Gregorio Serrano, acaba de anunciar que la agencia pública acaba de invertir 860.000 euros en una nueva remesa de radares móviles. El importe de la licitación pública era de 1,36 millones de euros, quedándose en 860.310 euros la oferta del adjudicatario final. Estos dispositivos de control cinemático láser son de última tecnología, y serán equipados por los motoristas de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. Este tweet arroja luz sobre el coste de estos dispositivos móviles, que entrarán en funcionamiento de forma inminente, así como de su funcionamiento y aspecto.
La Guardia Civil ha adquirido 60 radares móviles láser, a un coste unitario de 14.338 euros, impuestos incluidos. Estos radares son dispositivos extremadamente compactos, montados sobre un trípode similar al de las cámaras fotográficas. En su posición más baja, apenas tendrá una altura de medio metro. Su tamaño compacto y su peso ligero permite que los agentes motorizados los puedan transportar fácilmente en sus motos. Sus pequeñas dimensiones permiten una colocación mucho más «precisa» – son mucho más sencillos de situar que el clásico coche camuflado, orillado en uno de los lados de la carretera.
El tweet del director de la DGT justifica esta inversión afirmando que en 2016 fallecieron 300 personas por excesos de velocidad. Todo muerto en carretera es un grave fracaso para la sociedad y para la Administración, cuyo deber es evitar que aumenten los muertos en accidentes de tráfico. En los diez primeros meses de 2017 han muerto en accidentes de tráfico 22 personas más que en 2016. La principal causa es que los desplazamientos por carretera han aumentado, fruto del repunte en la actividad económica. No obstante, tampoco podemos olvidar el deterioro de nuestra red viaria, con muchas zonas en un estado ya crítico.
Tampoco es responsable señalar a los excesos de velocidad como únicas causas de mortalidad en carretera. Las distracciones al volante y la conducción bajo el efecto de alcohol y drogas siguen siendo los mayores culpables de esta ominosa estadística. El verdadero problema es que atajar los excesos de velocidad es relativamente sencillo, y existe un incentivo económico claro para la administración. La recaudación de los radares de tráfico alcanzó en 2016 la friolera de 164,2 millones de euros, un 29% más que en 2015. Las causas de este aumento recaudatorio os las explicamos en este artículo a fondo.
La DGT se ha centrado estos últimos años en la vigilancia en carreteras secundarias, y el aumento de los controles de velocidad en este tipo de vías ha disparado la recaudación. Si bien estamos de acuerdo en que vigilar más de cerca la red secundaria tiene una importancia clave, pensamos que es más efectivo invertir en vigilancia y formación el millón de euros que cuesta comprar 60 nuevos radares – aunque tenga una rentabilidad económica directa nula. ¿No sería más efectivo seguir concienciando a los conductores de los peligros de usar el móvil al volante, o redoblar los controles de alcoholemia y drogas?
¿Por qué la DGT no duplica o triplica sus presupuestos de formación? ¿Para cuando un pacto de estado para la educación vial en el sistema educativo nacional? ¿Por qué no se destinan más agentes a vigilar los puntos negros de nuestra red viaria, o a labores informativas, en vez de sancionadoras? Creo que ya sabéis la respuesta.
