Desde Estados Unidos nos llega un estudio que, como mínimo, debería animar a ayuntamientos como el de Madrid a replantearse su estrategia de vigilancia de conductores que se saltan los semáforos en rojo. El ejecutivo madrileño de Manuela Carmena anunciaba estos días que a partir de mañana se introducirán seis nuevas cámaras destinadas a captar estas infracciones, que se unirán a las 26 ya existentes. Estos sistemas han sido muy polémicos prácticamente desde su introducción, sobre todo por la suspicacia de posibles problemas en su calibrado que hacían que conductores fueran sancionados incluso cuando cruzaban una intersección con un semáforo en ámbar. En Estados Unidos han llegado a una conclusión aún más sorprendente, la de que los semáforos vigilados no solo no han contribuido a evitar los accidentes, sino que los han incrementado.
El estudio realizado en Florida habría concluido que el número de accidentes en intersecciones con semáforos controlados mediante cámaras se habría incrementado en un 40% (ver datos del estudio). Un estudio que se publica en un momento en que estos sistemas están especialmente de actualidad al otro lado del Atlántico, por un escándalo de corrupción que ha llevado a los tribunales a un funcionario público por aceptar sobornos para promover la adjudicación de la instalación de cámaras a una empresa concreta.
En cualquier caso aún debemos ser escépticos con la rigurosidad del estudio.
El gran problema lo encontramos en que el muestreo utilizado para comparar las cifras de accidentes antes y después de la instalación de cámaras es a todas luces insuficiente. Tan solo se han empleado los datos del año anterior a la instalación de las cámaras, e incluso, y tal y como comentaban en WTSP, solo se contabilizan accidentes que quedasen registrados como tales por implicar heridos, repercusiones judiciales, o daños de importancia en un coche. Incluso los periodos de tiempo analizados no son correctos, en tanto las cámaras fueron instalándose progresivamente en las diferentes intersecciones vigiladas. Estamos ante un buen ejemplo de por qué un estudio sin unos datos rigurosos y fiables puede carecer de validez. Pero aún así nos parece que el tema es lo suficientemente importante para que los ayuntamientos que instalen este tipo de cámaras se propongan analizar en profundidad la repercusión que puede tener en el tráfico de la urbe.
Desde el primer minuto en el que las cámaras se instalaron en ayuntamientos como el de Madrid las críticas han ido dirigidas precisamente a su papel recaudatorio, y no hacia la función que inicialmente deben cumplir, la de evitar accidentes y atropellos. El año pasado incluso veíamos cómo un recurso llevaba a un conductor a librarse de una multa por la falta de una acreditación metrológica que permitiera garantizar el correcto funcionamiento de la cámara.
También hemos de suponer que el riesgo de sufrir un accidente en estas intersecciones puede aumentar por situaciones de peligro que estoy convencido que todos habremos visto alguna vez en un semáforo, y especialmente en semáforos controlados por cámaras. La situación de un conductor practicando una frenada de emergencia para evitar saltarse el semáforo. Pero quizás eso ya sea un tema digno de otras reflexiones, como la velocidad excesiva a la que en ocasiones se conduce en ciudad y el respeto de las distancias de seguridad.
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