La política española no podría estar más crispada y revuelta estos días. Tanto que resulta realmente difícil saber lo que va a suceder en los próximos meses, qué partido podría gobernar, qué medidas de su programa electoral podrían llevarse a cabo y cómo nos podría afectar en lo concerniente al tema tratado en esta web, el de conducir o comprar un coche. Ayer mismo asistíamos a la firma de un acuerdo en el que, entre otras muchas medidas, PSOE y Ciudadanos concretaban la revisión del Impuesto de Matriculación.
Obviamente, y teniendo en cuenta que hablamos de un documento de 66 páginas (ver documento), con acuerdos realmente importantes en materias como la fiscalidad, la definición de los contratos laborales, o incluso las estructuras públicas del país, la revisión del Impuesto de Matriculación es algo nimio en comparación. También deberíamos tener en cuenta que las medidas presentes en este acuerdo solo serán efectivas si PSOE y Ciudadanos consiguen aglutinar mayoría suficiente como para que con su voto favorable, o su abstención, Pedro Sánchez sea investido Presidente en la sesión de investidura que tendrá lugar la semana que viene. Lo cual, a día de hoy, parece realmente difícil, si no imposible.
Sea como fuere, hemos de dar por hecho que el Impuesto de Matriculación será revisado con la llegada de un nuevo Gobierno, lo cual no necesariamente ha de ser negativo. En el acuerdo de PSOE y Ciudadanos aún no se detalla con concreción cómo se revisará el impuesto, pero sí cuál será la estrategia a seguir.
Revisar la configuración de los impuestos especiales para hacer de los mismos unos auténticos impuestos medioambientales. Eliminar el Impuesto especial sobre determinados medios de transporte (impuesto de matriculación) y sustituirlo por un impuesto a las emisiones de CO2 y de dióxido de nitrógeno, en línea con los principales países europeos.
Actualmente, el Impuesto de Matriculación en España se articula en torno a las emisiones de CO2 homologadas del coche. La formalización de este impuesto no fue un capricho de España, ni de ningún gobernante en concreto, sino la consecución de los objetivos impuestos por la Unión Europea.
Europa conminó a los países de la Unión a introducir el CO2 en el cálculo de los impuestos, tanto de matriculación como de circulación, de los automóviles comercializados en la Unión Europea. Aquí el objetivo era apoyar activamente un proceso de reducción de emisiones de gases que contribuyeran al efecto invernadero, y el cambio climático.
El gran problema es que a la larga este Impuesto de Matriculación se ha convertido en una medida insuficiente por dos razones. Los avances en estos años han hecho que buena parte de los turismos comercializados en España estén exentos de pagar el Impuesto de Matriculación. En 2015, tres de cada cuatro turismos comercializados en España estuvieron exentos de este impuesto. Lo cual es un claro indicio de que este impuesto debía ser revisado para gozar de unos tramos más estrictos (actualmente hasta 120 g/km de CO2 no se paga Impuesto de Matriculación), seguir animando a la industria a reducir sus emisiones, y haciendo que los compradores adquieran vehículos con emisiones inferiores.
La segunda razón, es que en estos años hemos descubierto – por las malas – que no solo hemos de preocuparnos del cambio climático, sino también de la contaminación localizada en nuestras ciudades como consecuencia de las emisiones de un contaminante, los NOx. Dado que la única solución que se ha llevado en práctica ha sido la de restringir el tráfico, en Madrid, ante episodios de gran contaminación, y que estas emisiones se deben en gran parte a las emisiones derivadas de los turismos diésel, que han estado bonificados en los últimos años por un impuesto favorable para ellos, y otras medidas, la solución pasa por un impuesto que penalice su compra.
Es lógico pensar que en los próximos meses, o años, habrá un nuevo Impuesto de Matriculación y que este debería ajustar el gravamen al NOx, junto al CO2, como hasta ahora. Las consecuencias de este impuesto son realmente importantes. Aún habría que establecer los tramos de emisiones para determinar la carga impositiva de cada coche, pero al tenerse en consideración el NOx veríamos cómo la diferencia entre motores de gasolina (generalmente más penalizados por sus emisiones más elevadas de CO2) y motores diésel (que estarían más penalizados por sus emisiones de NOx) se estrecha. Hasta el punto en que sería posible que nos encontrásemos con diferencias mucho más significativas entre el precio de motores de gasolina y diésel.
Los más beneficiados, sin duda, serán los híbridos de gasolina, que según homologación gozan de cifras muy bajas de emisiones de CO2 y NOx. Los diésel que cuenten con sistemas de neutralización de NOx más eficaces probablemente también se verían beneficiados por esta medida.
¿Es la verdadera solución? Por desgracia no. No existe una solución milagrosa para acabar con todos nuestros problemas de contaminación y es muy probable que esta medida tenga que llegar acompañada de otras muchas, probablemente más dolorosas para el conductor, como la restricción del acceso a las grandes ciudades de los vehículos más antiguos y contaminantes, que afectaría especialmente a los diésel.
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