No hay nada que haga más daño a la imagen de la Guardia Civil que (1º) la instrumentación de los agentes por el afán recaudatorio de la Dirección de Tráfico, y (2º) la imagen de impunidad ante los hechos cometidos, ante actos que a cualquier ciudadano nos podrían costar un buen disgusto. En los últimos días hemos conocido dos noticias que precisamente nos demuestran que no siempre un Guardia Civil es impune, que ellos también han de responder ante la justicia por sus actos – y no solo cuando buenamente están contribuyendo a la mejora de nuestra seguridad, como en el famoso caso de Juan Carlos Toribio.
Suspendido por abuso de la autoridad
Hace unas semanas conocíamos el caso de un agente suspendido de empleo y sueldo durante mes y medio por abuso de autoridad (Público.es). El Tribunal Supremo confirmó la sanción a este agente que habría mostrado una «grave desconsideración con los ciudadanos vistiendo el uniforme», hablando de forma «cortante y chulesca» y sancionando de forma «intimidatoria y despreciativa», tal y como reconoció el Supremo. Al parecer habría tratado con actitud socarrona a un conductor multado que iba a perder puntos, habría obligado a agacharse a un conductor de dos metros para hacer una prueba de alcoholemia y habría arrojado la multa por la ventanilla de otro denunciado.
Suspendido por negarse a pasar una prueba de alcoholemia
El segundo caso tiene que ver con el consumo de alcohol en pleno servicio. Un mando del destacamento de Tráfico de Villalba habría detectado signos evidentes de consumo de alcohol en un auxiliar de pareja que estaba denunciando a un conductor (Motorpasión.com). Según la sentencia, el agente habría «consumido alguna bebida» estando de servicio, ante lo cual, su superior exigió que se le practicara una prueba de alcoholemia. El agente se negó, lo cual es razón más que suficiente, según el Tribunal Militar Central, para llevar a cabo una suspensión de empleo y sueldo durante seis meses, y ordenar su cambio de destino durante dos años, la cual habría recurrido ante el Tribunal Supremo.
Independientemente de que el consumo de alcohol esté o no probado, se le consideraría «autor de la falta muy grave consistente en la negativa injustificada a someterse a una prueba de alcoholemia legítimamente ordenada por la autoridad competente a fin de constatar la capacidad psicofísica para prestar servicio».
En definitiva, dos noticias muy negativas por el hecho en sí mismo, y muy positivas por demostrar que ni siquiera los agentes de la Guardia Civil están, por suerte, por encima de la ley.
En Diariomotor: Juan Carlos, el agente de Tráfico que denunciaba deficiencias en las carreteras, apartado de la Guardia Civil
