Las advertencias de Bruselas con respecto al sostenido incumplimiento de los límites de emisiones en Madrid y Barcelona podrían acabar en una cuantiosa multa para toda España. Ni el miedo al diésel establecido a través de globos sonda, ni la puesta en marcha de restricciones como Madrid Central o tan siquiera el sistema de etiquetas de la DGT ha conseguido que España reduzca la contaminación. Por ello, tras no pocas advertencias y amenazas, España será llevada al Tribunal de Justicia Europeo.
Desde hace años son recurrentes las advertencias, también amenazas, desde Europa sobre la falta de medidas de España para reducir la contaminación en sus grandes núcleos de población, especialmente en Madrid y Barcelona donde se sobrepasan de forma asidua los límites que exige la Unión Europea. Así, ante una tardía y poca efectiva política para reducir las emisiones en estas ciudades, finalmente Bruselas ha decidido pasar a un nuevo nivel llevando a España ante el alto tribunal.
Aunque no es la primera vez que España es denunciada por este mismo motivo, esta situación ya se produjo en 2015, la problemática actual tiene que ver con la falta de impacto de las medidas prometidas en su momento, medidas que Europa aprobó y que nos permitieron librarnos de aquella multa. Ahora, pese a las promesas de más restricciones y políticas ya en marcha no exentas de polémica como Madrid Central, los resultados de las mediciones siguen mostrando unos nivles de contaminación por encima de los permitidos.
La gran promesa del ejecutivo que busca ser reeligido con Pedro Sánchez a la cabeza es la de implantar el modelo de Madrid Central en 148 municipios en toda España, si bien esta medida no deja de ser una promesa sin más en estos momentos, de ahí el paso al frente de Europa para denunciar la situación de España y obligar al próximo Gobierno a tomar medidas de forma rápida y con mayor repercusión en tanto a la reducción de emisiones.
Lo que queda claro es que desde Europa pretenden tensar la cuerda todo cuanto sea posible, teniendo como último fin la imposición de cuantiosas multas. Aún así, y aunque la actual falta de estabilidad política y compromiso con la reducción de emisiones no ayude, esta denuncia podría quedar finalmente en nada si el próximo Gobierno consigue crear un plan de descarbonización capaz de convencer a Europa en objetivos y tiempo de ejecución. Las restricciones al tráfico serán por seguro la piedra angular de estas medidas, algo que debería acompañarse con el siempre prometido impulso del vehículo eléctrico y su infraestructura, pero tampoco se pueden olvidar las características del parque móvil español donde la antigüedad y falta de mantenimiento son cuanto menos alarmantes, y en donde además se hace cada vez más patente la falta de poder adquisitivo para comprar un coche nuevo.
