La lentitud que se está viendo en el proceso de obtención de autorizaciones para los puntos de carga de coches eléctricos tiene varias causas. Entre ellas destaca y sorprende que algunos municipios hayan decidido ignorar la normativa estatal destinada a agilizar el proceso administrativo. Razón por la cual los líderes de estos municipios deben rendir cuentas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por una denuncia presentada por la asociación Aedive.
Si lo lees así es probable que no sepas qué es Aedive, es una asociación que agrupa a empresas relacionadas con la movilidad eléctrica. Piensan que hay al menos un centenar de municipios que están incumpliendo la norma que busca agilizar el proceso de instalación de infraestructuras públicas de carga para coches eléctricos. Esto se debe a que estos municipios se niegan a aceptar una «declaración responsable» que se establece en un real decreto ley.
Este decreto de ley está pensado para evadir el papeleo habitual que podemos conseguir en este tipo de trámites, la también llamada “burocracia”. La denuncia presentada por Aedive es importante porque podría destrabar la situación y por fin acelerar la instalación de estos puntos de carga para los vehículos eléctricos que tanta falta hacen en nuestro país y es debido a que este tipo de vehículos son cada vez más populares. Y al haber más demanda de estos puntos de carga, el gobierno y empresas privadas deben hacer frente a esa nueva realidad y ofrecer soluciones.
Cataluña es la comunidad que más trabas está poniendo
Cataluña es la comunidad con más municipios que ponen trabas a la movilidad eléctrica, y es que son 24 los municipios que están retrasando la instalación de estos puntos de carga. Le siguen Aragón con 9, Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana, con 8 municipios cada una, y Castilla y León con 7. El resto de municipios se distribuyen entre el País Vasco, Cantabria, Asturias, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, Canarias y La Rioja.
Sorprende que tantos municipios estén retrasando algo como esto que supone una oportunidad de mercado para cada uno de ellos y que es algo que como decimos, tiene una demanda actual bastante importante y la tendencia es que siga aumentando. El director general de Aedive, Arturo Pérez de Lucía, afirma que lo más grave es que entre los municipios que no apoyan el decreto de ley hay ciudades de más de 50.000 habitantes.
Los dirigentes de estas ciudades son plenamente conscientes de la existencia de esta obligación, pero la ignoran. En otros casos, el municipio no ha contemplado si quiera aceptar este decreto de ley. Y esto va totalmente en contra de las aspiraciones de la Unión Europea de facilitar la transición a los coches eléctricos reduciendo la contaminación y la conocida huella de carbono.
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