El Grupo Volkswagen y la administración estadounidense ya tienen acuerdo para llevar a cabo el proceso sancionador en el caso de los motores diésel trucados, más comúnmente conocido como dieselgate. Volkswagen tendrá que hacer frente a una multa de 4.300 millones de dólares, un importe que hacen de esta sanción la más importante de la historia de este tipo y que la ubican muy por delante de otras sanciones fruto de recientes y polémicos casos como la aceleración involuntaria de los Toyota o el fallo de diseño de la columna de dirección en modelos de General Motors.
El acuerdo alcanzado finalmente ha sido bastante peor de lo esperado en un principio ya que además de los más de 15.000 millones de dólares provistos por Volkswagen en materia de indemnizaciones, reparación y procesos de recompra, la multa supone un añadido más a la factura final que muy posiblemente también termine sentando frente a los tribunales a algunos directivos del fabricante como Oliver Schmidt que ya ha sido detenido por el FBI en Miami al ser acusado por intento de fraude al intentar encubrir el dieselgate bajo fallos técnicos y no una maniobra premeditada. Schmidt, el primer detenido por ese escándalo, de 48 años y residente en Alemania, fue entre 2012 y marzo de 2015 el encargado de Volkswagen para la comunicación con las agencias reguladoras de EE.UU.
El Futuro a corto plazo para Volkswagen nos dibuja un panorama donde la compañía tendrá que personarse ante los tribunales, ya que desde las autoridades estadounidenses parece que seguirán exigiendo responsabilidades penales a altos cargos del grupo. La fiscal Loretta Lynch ha anunciado la acusación del altos cargos del Grupo Volkswagen como Richard Dorenkamp, Bernd Gottweis, Jens Hadler, Heinz-Jakob Neusser, Jürgen Peter y el ya detenido por el FBI Oliver Schmidt.
Las consecuencias del escándalo de los motores trucados a un lado y otro del charco son bastante diferentes, dejando bastante claro claro que no se está abordando el problema de la misma forma en EE.UU. y en Europa, de hecho el más reciente caso lo encontramos en el expediente sancionador abierto por la Comisión Europea a España – junto a otros 6 países – por no haber sancionado el uso de dispositivos fraudulentos para la manipulación de las emisiones contaminantes en los motores usados por el Grupo Volkswagen.
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