Mucho se ha hablado del afán recaudatorio por parte de la Dirección General de Tráfico, y que su único objetivo es generar una acaudalada fuente de ingresos para lar arcas del Estado a base multas no siempre impuestas de forma coherente. Es un tema delicado, y personalmente me gustaría pensar que el organismo dirigido por Pere Navarro vela por nuestra seguridad. No obstante, sea como fuere, según AEA (Automovilistas Europeos Asociados) el 50 % de las multas recurridas ante los tribunales acaban siendo anuladas, total o parcialmente, lo cual resulta un tanto «anecdótico».
No son todas las multas acaban siendo recurridas: bienvenido «pronto pago»
Esta afirmación se basa datos de la AEA, en los cuales, de los 14.804 recursos planteados a los tribunales entre 2017 y 2020, el 49 % tuvieron un resultado positivo para sus defendidos, anulando total o parcialmente la sanción impuesta, y hasta incluso obligando a la DGT a pagar las costas judiciales, las cuales ascienden a unos 400 €. De hecho, estamos ante una tendencia creciente de estas «multas indebidas», pues en el periodo correspondiente a los años comprendidos 2011 y 2016 esta tasa de nulidad era del 35,36 %.
Sin embargo, llegados a este punto es preciso tener en cuenta dos factores importantes que pueden decantar la balanza hacia el lado del afán recaudatorio, o hacia el de velar por nuestra seguridad. Por un lado, la AEA habla de anulaciones sobre multas recurridas, lo cual tiene una doble lectura, ya que no se recurren todas las sanciones, por lo que se abre la posibilidad a que existan más sanciones indebidas, pero tampoco debemos perder de vista que cuando se recurre una multa es porque se tiene una certeza muy considerable de ganar ese recurso, y por tanto, partimos de una una sanción dudosa, por lo que es normal que gran parte de ellas acaben siendo anuladas.
Por otro lado tampoco podíamos olvidar el siempre polémico descuento por pronto pago, el cual, con la reforma de la Ley de Seguridad Vial en el año 2009, pasó del 30 % al 50 %, una rebaja muy jugosa que se aplica si se abona la sanción en los 20 primeros días naturales tras su notificación y no se ejerce el derecho a recurrir aceptando la culpabilidad de los hechos. Con ello se crea un clima ideal para que los conductores «asuman y paguen sin pensar», sobre todo en el caso de pequeñas sanciones. De nuevo, según la propia AEA, el 64 % de los conductores prefiere pagar con descuento y ahorrarse la burocracia que supone recurrir una multa que de partida consideran injusta.
¿Dónde queda lo ético y lo moral?
En Diariomotor os hemos contado en multitud de ocasiones curiosos casos en los que se ha anulado una multa, además de publicar varias guías para recurrir una multa de aparcamiento o recurrir una multa de tráfico. Así pues, a bote pronto, todas esas anulaciones podemos enmarcarlas en dos grandes grupos. El primero de ellos se da cuando la acción nunca tuvo lugar (por ejemplo, cuando no se aplica correctamente el margen de error de un radar), y el segundo de ellos, cuando a pesar de tener lugar la acción indebida, la multa no cumple la legislación vigente (por ejemplo, una cámara que nos capte sin cinturón existiendo un defecto de forma).
En ambos casos estamos hablando de una multa indebida por parte de la DGT, pero ¿está velando por nuestra seguridad en el segundo de los casos? ¿Es ético o moral que recurramos una multa por una acción incorrecta que hemos cometido ayudándonos de una argucia legal? ¿Es justo que le pidamos a la DGT honradez y moralidad si previamente hemos interpuesto ese recurso?
Son cuestiones que cada cual tiene que responder y formular su opinión, al igual que si la mitad de esas multas son incorrectas o correctas, algo que a la postre nunca sabremos a ciencia cierta.
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Fuente: AEA
