No sólo han bajado las cifras de los coches nuevos, también las de los modelos segunda mano. Los datos facilitados por Faconauto y Ganvam desvelan que, desde enero y hasta noviembre, el mercado de ocasión ha bajado un 5,2%… a pesar de las 1.692.953 unidades vendidas. Y entre ellas destaca un patrón: vehículos de más de 15 años impulsados por motores diésel, que ni tan siquiera gozan de la etiqueta C. Los mismos que, en 2023, podrían encontrar restricciones para entrar y circular por 149 ciudades españolas.
Analizando los datos de las citadas asociaciones y filtrándolos por tipo de motor, los coches de segunda mano más vendidos son los diésel: aunque han bajado un 8,4% en lo que va de año, hasta noviembre representaban el 57,7% de las ventas. Los de gasolina, por su parte, suponen un 36,77% (a pesar de caer un 3,6%). Cabe destacar que el 95% de los modelos usados son de combustión.
Si eliminamos este filtro y activamos el de la edad, nos encontramos con que el 38,5% de las ventas están protagonizadas por vehículos que tienen más de quince años de edad: estas transacciones han crecido un 7,3% entre enero y noviembre, alcanzando las 652.280 unidades. En el lado opuesto de la balanza se encuentran los coches que tienen en uno y tres años y aquellos con menos de un año: los primeros han vivido una caída del 22,8% y los segundos del 17%.
El resultado de este escenario (sumado a las bajas matriculaciones de modelos nuevos) es un parque automovilístico, cada vez, más viejo. ANFAC, la patronal de los fabricantes, prevé que cuando acabe 2022, la edad media llegue a los catorce años: en 2021 fue de 13,5 años. Más allá del hándicap que esto supone para lograr la tan necesaria renovación de ese parque automovilístico y de las consecuencias que esto tiene (contaminación, seguridad…), nos encontramos con conductores que podrían toparse con una serie de prohibiciones que, en 2023, le impidan entrar y circular por determinadas zonas de su ciudad.
Cuidado con las ZBE
Cabe recordar que, el 1 de enero de 2023, deberían entrar en vigor las 149 Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) correspondientes a las ciudades españolas con más de 50.000 habitantes; también deberían activarse las de aquellas localidades con más de 20.000 habitantes, que tenga informes de calidad del aire negativos.
Las ZBE son áreas geográficamente definidas por los ayuntamientos que limitan el acceso, la circulación y el aparcamiento de los vehículos para reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire. A día de hoy, según El País, son veinte las que ya han hecho los deberes: Alcobendas, Algeciras, Barcelona, Burgos, Ciudad Real, Córdoba, Cornellà de Llobregat, Coslada, Fuenlabrada, L’Hospitalet de Llobregat, Madrid, Melilla, Pamplona, Parla, Pontevedra, Rivas, San Cristóbal de La Laguna, Sant Cugat, Sevilla y Talavera de la Reina. Otras treinta han pedido las ayudas de los Presupuestos Generales del Estado para hacer lo propio.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Retro Demográfico (MITECO) publicó el documento ‘Directrices para la creación de zonas de bajas emisiones (ZBE)’, donde detalla cómo crear una ZBE y qué restricciones son las más efectivas. Sin embargo, no establece ninguna norma concreta para restringir o prohibir el acceso, la circulación y el aparcamiento de ningún vehículo.
Restricciones para los más contaminantes
En teoría, los vehículos más contaminantes son los que deberían tener más limitaciones: los de la categoría A (aquellos modelos de gasolina matriculados antes de 2001 y los diésel matriculados antes de 2006), los B (gasolina matriculados entre el 1 de enero de 2001 y el 1 de enero de 2006 y los diésel que fueron matriculados entre el 1 de enero de 2006 y el 1 de septiembre de 2015) y los C (gasolina matriculados desde 2006 y los diésel matriculados a partir de 2014, que cumplen la norma Euro 6).
El patrón que dibuja el informe de Faconauto y Ganvam, situaría en el segundo grupo a esos coches con quince años de edad (2007) y diésel: llevarían, por lo tanto, el distintivo B. Esto no significa que tengan prohibido el acceso y la circulación porque las restricciones dependerán de las normas que imponga cada ayuntamiento, pero sí están en el punto de mira.
