La Dirección General de Tráfico (DGT) estaría considerando un ambicioso plan que tiene como objetivo sustituir su envejecida y costosa flota de helicópteros, conocidos como Pegasus, por drones modernos y de mucho menor tamaño. Sin embargo, su último propósito es mejorar su eficiencia a la hora de vigilar el tráfico y detectar posibles infracciones que se cometan en las carreteras españolas. Esta transición estratégica y económica podría marcar todo un hito en el control aéreo de nuestras vías, convirtiendo a España en un referente internacional en cuanto al uso de estos aparatos no tripulados con fines policiales.
Los helicópteros Pegasus han sido durante muchos años los vehículos más importantes de la DGT, pues sus capacidades, al margen de denunciar las violaciones de las normas de circulación vial, han permitido organizar desde el cielo todas las patrullas terrestres que se encontraban en una zona determinada. Con todo, la primera de estas unidades ya tenía más de una década en activo y en el organismo en cuestión, dependiente del Ministerio del Interior, creyeron conveniente retirarlo del servicio operativo el pasado mes de mayo (2023).
El resto de ejemplares no son mucho más nuevos y, además, cuestan mucho dinero de mantener, sobre todo en términos de combustible y revisiones periódicas, motivo por el que se estudia relevar toda la flota (llegó a haber un total de 12) por drones muy avanzados tecnológicamente. También son mucho más prácticos, seguros, ecológicos, eficientes y, para desgracia de los conductores más irresponsables, eficaces. Se trata pues de lo que podría entenderse como el final de una era y el inicio de otra que se podrá resumir en mayor sostenibilidad y probabilidad de sancionar incumplimientos.
Las “ventajas” de los drones de la DGT: más numerosos, baratos y difíciles de detectar
En las áreas en las que dichos helicópteros ya han dejado de operar, como es el caso del noroeste y sur de la Península Ibérica, se está comenzado a utilizar una clase de drones con especificaciones similares a las que se utilizan en el ámbito militar. Es por ello que pueden realizar reconocimientos detallados del terreno y de los objetos que se hayan sobre el mismo desde una gran altura (hasta 120 metros) y con un considerable radio de acción (hasta 500 metros). Esto permite, por ejemplo, comprobar la matrícula de un coche o la activación de una baliza V-16 con prácticamente la misma precisión que la cámara de un Pegasus. Se dice que la autonomía media de su batería es de 20 minutos.
A diferencia de los vehículos aéreos a los que reemplazarán (el siguiente será el que peina las carreteras de Murcia, Alicante, Valencia y Castellón), son casi imperceptibles para el ojo humano a cierta velocidad, pues sus dimensiones no son muy superiores a las de un pájaro. Adicionalmente, ante cualquier fallo, el artefacto volador no causaría daños potencialmente graves, pues su peso es incomparablemente inferior. Cabe recordar que, este mismo año, dos Pegasus se estrellaron en Madrid y Almería por errores humanos, salpicando a Pere Navarro de polémica y duras críticas, pues en ambos casos se trató de series imprudencias.
Fuentes cercanas a la DGT evitan hablar de un evidente aumento de las denuncias gracias a estos dispositivos, de los que podría ampliarse la dotación, pero estiman una reducción de los costes operativos en varios millones de euros, además de un gran avance en términos de sostenibilidad. No obstante, se debe tener en cuenta que por cada dron volando es necesario un piloto que lo maneje de forma remota y para ello la Guardia Civil de Tráfico habrá de ampliar ciertas plantillas de personal que cuenten con formación especializada en esta labor. Desde 2018, la Benemérita trabaja con al menos 39 máquinas eléctricas de este tipo y las imágenes que obtienen cuentan con absoluta validez legal para tramitar sanciones.
