En noviembre, durante una de las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros, el Ministro de Fomento anunciaba una noticia esperada por muchos, eliminar las prórrogas que se habían otorgado a las concesionarias de algunos peajes españoles. Este fin de semana, sin ir más lejos, la autopista AP-1 se convertía en la primera en abandonar la concesión privada, para regresar a la gestión pública. Pero tras esa rueda de prensa, y respondiendo a preguntas de algunos periodistas, el Ministro de Fomento lanzaba lo que asumimos podía ser un globo sonda, que el Gobierno estaba estudiando cómo implementar peajes en todas las autovías. Y al parecer esa noticia es algo más que un globo sonda. Hay planes concretos en los que ya se está barajando esa posibilidad.
La idea de los peajes en autovías es algo más que un globo sonda
Según avanzan algunos medios – ver noticia en La Vanguardia – el Gobierno estaría diseñando un sistema que permita implementar peajes en las autovías. Hacer que el pago por uso se aplique al mantenimiento y conservación de estas vías de alta capacidad dado que, según el propio Ministerio, «no hay capacidad presupuestaria» para asegurar su correcto mantenimiento.
Por otro lado, el Gobierno estaría buscando que esta medida se aprobase con el consenso del Congreso de los Diputados, estudiando la medida en una subcomisión parlamentaria que se constituiría a finales de año. De esta forma, lo que a priori consideramos como un globo sonda del Gobierno en noviembre, parece estar cada vez más próximo a convertirse en una realidad. Algún medio apunta, incluso, las tarifas que pueden estar valorándose, y como estas también dependerían de la antigüedad del vehículo y sus emisiones contaminantes.
En un momento en el que el número de fallecidos en accidentes de tráfico está aumentando, a pesar de las mejoras en seguridad que incorporan los coches más modernos, y las medidas de concienciación que desarrolla la Dirección General de Tráfico, no parece que un canon, un peaje, en las vías de mayor capacidad, y las más seguras, sea una solución prudente. El efecto disuasorio de este tipo de tasas necesariamente desviaría el tráfico a las vías que concentran el mayor número de fallecidos, y los accidentes más graves.
Según la Dirección General de Tráfico, el 76% de los fallecidos en accidente de tráfico en el pasado verano, en los meses de julio y agosto, fallecieron en accidentes que se produjeron en carreteras secundarias. Las salidas de vía y las colisiones frontales fueron los que más fallecidos provocaron.
Por otro lado, el panorama político también puede condicionar la aplicación de una medida ciertamente impopular. Aunque el Gobierno aún sigue confiando en la aprobación de los Presupuestos, la falta de apoyos en el Congreso podría precipitar la convocatoria de elecciones y que el calendario político altere que se lleven a cabo medidas que únicamente deberían estudiarse y legislarse bajo rigores técnicos.
