Durante estas semanas se está discutiendo la posible implantación de un sistema de pago por uso de la red viaria de alta capacidad. El Gobierno incluso ha estimado una fecha para la implantación de este sistema, que podría cambiar para siempre la forma que tenemos de movernos, ya que incluso abre la puerta al pago por uso de carreteras convencionales. En paralelo, están revirtiendo a titularidad estatal algunas concesiones de autopistas de peaje. Y la noticia es que esta eliminación de algunos peajes también nos está costando mucho dinero.
Como habrás leído en la anterior frase digo «nos está costando mucho dinero» porque las arcas públicas se nutren del dinero que tú y yo, como contribuyentes, aportamos religiosamente en forma de impuestos, tributos y tasas. La noticia no es que el 31 de agosto se libere una gran parte de tramos de peaje de la AP-7 (concretamente los tramos Barcelona-La Jonquera, El Papiol-Montmeló y Tarragona-Barcelona), la noticia es que el Gobierno tendrá que indemnizar a Abertis con nada menos que 1.291 millones de euros a causa de este cambio de titularidad.
La cifra ha sido desvelada en el Plan de Estabilidad enviado a Bruselas, el plan que materializa los compromisos que España tendrá que adquirir para recibir los 140.000 millones de euros del Plan de Recuperación – recuperación de la crisis económica provocada por la pandemia del Coronavirus. ¿Por qué tiene el Gobierno que indemnizar a la concesionaria? El origen de esta indemnización proviene de un largo conflicto legal entre el Grupo ACS – propietarios de Abertis – cuyo origen es un convenio firmado con el estado en el lejano año 2006.
El convenio en cuestión fue firmado en 2006 por Magdalena Álvarez – titular de Fomento del ejecutivo de Jose Luis Rodríguez Zapatero – y en él se acordó la ampliación del trazado de la AP-7, la mejora de sus accesos y el abaratamiento de sus peajes, costes que la concesionaria asumiría en base a un incremento proyectado del tráfico rodado. Este incremento no llegó a materializarse, pero existía una cláusula en la que el Estado se comprometería a abonar a la concesionaria la diferencia entre los ingresos estimados y reales.
Ya en 2017 y con el ejecutivo de Mariano Rajoy en el poder, el ministro Íñigo de la Serna decretó su no conformidad con el cálculo de la compensación, y que no compensaría la parte de la pérdida de negocio causada por la crisis financiera. El litigio entre Abertis y el Estado terminó en el Tribunal Supremo, donde Abertis reclama 3.800 millones de euros en concepto de compensación. A falta de la resolución de este litigio, los 1.291 millones que el Estado indemnizará a Abertis este año incrementarán de forma notable la deuda pública y el déficit.
El déficit también aumenta con la reversión a titularidad pública de autopistas de peaje, cuyo mantenimiento pasa a ser costeado con fondos públicos. La red viaria de alta capacidad ya está lastrada por un acuciante déficit en mantenimiento, y esta indemnización, unida a la reversión a titularidad pública de varias autopistas, no hacen más que echar gasolina al fuego del déficit de conservación. La pescadilla se muerde la cola, y el resultado es que posiblemente no nos libremos del pago por uso en toda la red pública de autopistas y autovías.
Fuente: El País
