Las autovías de peaje, uno de los proyectos más polémicos que el Gobierno ha puesto sobre la mesa del mundo del motor, han dejado de ser una cuestión prioritaria y urgente: ni se dan las condiciones necesarias ni el momento económico y social es el adecuado. Esto no significa que estén descartadas y, de hacerse realidad, los conductores españoles tienen clara cuál será su reacción: cambiar las autovías de peaje por las carreteras secundarias.
Esta es la principal conclusión del estudio que ha llevado a cabo Alphabet, la compañía de renting. No es la única: según los resultados obtenidos, el 91% de los encuestados no ve con buenos ojos la llegada de los peajes a las autovías españolas y el 63% de los conductores cree que su único fin es el recaudatorio. La primera pista de cómo cambiaría el tráfico de nuestro país la obtenemos a través de la opinión del 28%: apuntan a que una de las consecuencias será el desvío de la circulación hacia las carreteras secundarias.
Casi siete de cada diez conductores
Las autovías de pago es la fórmula que el Gobierno ha presentado a Bruselas para equiparse al resto de Estados miembro, para poder seguir accediendo a las ayudas de Europa y para financiar su mantenimiento, ante la imposibilidad de hacerlo (por completo) a través de los Presupuestos Generales del Estado. El déficit que acumulan las vías de alta capacidad es de varios miles de millones de euros y esto se traduce en carreteras menos seguras para los usuarios.
No obstante, el informe de Alphabet apunta a que los peajes en las autovías podrían convertirse en una medida contraproducente. ¿La razón? Si el Gobierno hace realidad este sistema de pago, el 68% de los conductores españoles estaría dispuesto a realizar sus trayectos por las carreteras secundarias para evitar estas barreras… y a pesar de ser las vías con el índice de siniestralidad más elevado.
La siniestralidad de las secundarias
Si los datos de la encuesta se trasladasen a la realidad, significaría que las carreteras secundarias tendrían que asumir buena parte del tráfico de las autovías. Algo que harían sin estar preparadas para acoger semejante volumen de vehículos: la consecuencia lógica apunta a un incremento del número de accidentes de tráfico y, por tanto, de la siniestralidad.
Cabe recordar que, en 2022, en las carreteras españolas se produjeron 1.042 siniestros mortales en los que fallecieron 1.145 personas y otras 4.008 resultaron heridas graves. Esto supone 44 fallecidos más (+4%) y 425 heridos graves menos (-10%) que en 2019, año de referencia por ser el previo a la pandemia. Las carreteras convencionales siguen siendo las que más fallecidos registran: 833 personas perdieron la vida en estas (73% del total) y 312 en autopista y autovía (27%).
Con estos datos sobre la mesa, el Gobierno estaría llevando a cabo una serie de estudios internos previos a la adopción de la medida. Su objetivo es dar con la fórmula que permita recaudar fondos suficientes para mantener la seguridad en la red de carreteras, evitar que los usuarios se desplacen a las carreteras secundarias y mejorar la seguridad. Y todo apunta a un sistema de pago (por uso o a través de un peaje de viñeta) que no impacte significativamente en el bolsillo de los ciudadanos.
