Siempre fuimos muy críticos con el Plan PIVE. Porque aún con un fin valioso, el de rejuvenecer el parque automovilístico con coches más seguros y, sobre todo, eficientes, creíamos que el plan de ayudas podría articularse mejor para que no fuera simplemente una manera de subvencionar a un sector. Porque las ayudas, aunque funcionasen muy bien en términos publicitarios, no eran finalmente tan cuantiosas. Pero debemos ser aún más críticos con que se realizasen operaciones sujetas al Plan PIVE con el objetivo de obtener un beneficio que no procedía. Y que, tal y como la Guardia Civil ha anunciado estos días con la detención de 75 personas y la investigación de otras 29, existieran tramas organizadas para estafar a hacienda aprovechando las ayudas del Plan PIVE.
¿Cómo se organizó esta estafa?
El Plan PIVE exigía ciertos requisitos para beneficiarse de él a la hora de adquirir un coche nuevo. Además de los requisitos del coche nuevo, el cliente debía enviar para su achatarramiento un automóvil del cual debía ser titular, y que debía cumplir con ciertos requisitos de antigüedad. Por lo tanto, un comprador no podía adherirse al Plan PIVE sin el correspondiente achatarramiento de un automóvil antiguo. De ahí que la picaresca llevase a que algunos pensarán en aprovechar esas condiciones para intentar crear beneficiaros del Plan PIVE que de otra forma no hubieran podido beneficiarse de las ayudas.
El gran error del Plan PIVE no fue otro que no exigir un tiempo mínimo en la titularidad del vehículo entregado para su achatarramiento hasta marzo de 2015. Hasta entonces, un cliente interesado en adquirir un automóvil bien podía comprar un vehículo antiguo, que cumpliera con las condiciones del Plan PIVE, con el único fin de beneficiarse de las ayudas. E incluso dejaba sitio a que desde el ámbito profesional de la distribución de automóviles se pudiera organizar el fraude. Una práctica que, sinceramente, había llegado hasta nosotros en forma de diferentes rumores, y que ahora según la Guardia Civil se había producido en muchas provincias españolas, en Ciudad Real, Córdoba, Madrid, Lugo, Jaén, Guipúzcoa, Guadalajara, Toledo y Almería.
La operación PREVEO habría supuesto la detención de 75 personas y la investigación de otras 29, en lo que la Guardia Civil ha definido como un fraude masivo en la solicitud de las ayudas del Plan PIVE. De momento, han sido detenidas 44 personas que se beneficiaron de las ayudas y otras 11 relacionadas con la compraventa de vehículos en talleres y concesionarios, a las cuáles se les imputa un delito de estafa y en algunos casos de falsificación de documentos.
Otras 20 personas son titulares, gerentes, o trabajadores de gestorías, que además están siendo acusados de usurpación de identidad y falsificación de documentos como medio para cometer el delito de estafa.
Como podréis imaginar la gravedad del asunto es probablemente muy superior al beneficio obtenido. Entre las prácticas que se llevaron a cabo para cometer el fraude, la Guardia Civil menciona que algunos concesionarios enviaron a los compradores a un desguace a comprar la documentación de un vehículo viejo, por entre 150 y 400 euros.
¿Y cómo fueron destapados por la Guardia Civil?
A pesar de que se habían comentado muchos rumores acerca de este tipo de estafas y que incluso Hacienda revisó los requisitos del Plan PIVE para evitar los resquicios que la permitían, la Guardia Civil comenzó a tirar de los hilos por un error en la comisión del fraude. Un vecino de Villanueva de los Infantes (Ciudad Real) realizó una reclamación. Se le estaba cobrando el impuesto de circulación por un vehículo que había entregado para ser dado de baja, para su achatarramiento.
A partir de esa reclamación, la Guardia Civil comprobó que existían numerosas irregularidades en la tramitación de la baja. El vehículo, que debía haber sido procesado en un centro de tratamiento de residuos, en u desguace, fue transferido a una tercera persona, y dado de baja posteriormente, sin el consentimiento del denunciante. Fue entonces cuando, en una inspección del establecimiento investigado, la Guardia Civil intervino la documentación de más de 350 vehículos y comprobó que los documentos de algunos vehículos dados de baja estaban siendo utilizados para tramitar operaciones del Plan PIVE con clientes que no podían ser beneficiarios de las ayudas.
Mientras tanto, la Guardia Civil sigue investigando los hechos y están tratando de determinar la responsabilidad de otras personas que cometieron este fraude, o colaboraron con los encausados.
Fuente: Guardia Civil
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