Las anulaciones de filtros de partículas, sistemas de recirculación de gases, y dispositivos AdBlue, están a la orden del día. Y aunque en numerosos artículos hayamos insistido en la razones por las que no deberíamos hacerlo, son muchos los conductores que han optado por esta medida, por los inconvenientes asociados a unos sistemas anticontaminación presentes en los diésel modernos que, si bien es cierto han hecho que los diésel sean mucho más limpios ahora que hace tan solo unos años, son susceptibles, por desgracia, de averías y por ende visitas al taller.
¿Se está haciendo lo suficiente por controlar estas prácticas, por evitar manipulaciones que alteren las emisiones de los diésel, y en general de cualquier automóvil de combustión interna? Tenemos muchas dudas como para responder afirmativamente a esta pregunta. Si bien es cierto en el pasado hemos visto diferentes intervenciones vigilando este tipo de fraudes, a menudo en transportistas, endureciendo las pruebas y controles de las ITV, e incluso persiguiendo a los talleres que lo llevan a cabo.
Un fraude de los diésel a gran escala
En noviembre de 2020, la Agencia de Protección Medioambiental de los Estados Unidos (EPA) publicaba un informe en el que advertían de la existencia de 550.000 pick-ups diésel o, lo que es lo mismo, un 15% del parque de pick-ups diésel en Estados Unidos, estaba circulando con alguna suerte de anulación o sistemas que alteran el funcionamiento de sus sistemas anticontaminación.
De ahí que las autoridades iniciasen un plan para endurecer los controles, sobre los vehículos susceptibles de haber sufrido una manipulación de emisiones, pero también sobre aquellos que estaban llevando a cabo las anulaciones de sistemas anticontaminación, no solo talleres, sino también proveedores que distribuyen los dispositivos necesarios para ello.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos hacía público estos días el acuerdo al que había llegado con diferentes compañías dedicadas a la anulación de sistemas anticontaminación en vehículos diésel, que habían aceptado su culpabilidad en la causa criminal y el pago de 1 millón de dólares en compensaciones.
Persiguiendo las manipulaciones en diésel
La investigación habría determinado que la compañía GDP Tuning adquiría y distribuía dispositivos físicos (hardware) programados (con su correspondiente software) para reprogramar el funcionamiento de la centralita del vehículo, conectándose al puerto OBD. Estas reprogramaciones alterarían el funcionamiento de los sistemas que monitorizan las emisiones y el funcionamiento de los dispositivos, equipados de serie por las pick-ups diésel comercializadas en Estados Unidos, que reducen esas emisiones, alterando por lo tanto su funcionamiento respecto a las homologaciones que superaron para su comercialización.
Además de GDP Tuning, también se habría acusado a las compañías Gorilla Performance, el taller Custom Auto de Rexburg, Idaho, y su propietario, Barry Pierce, que además podría enfrentarse a una condena de dos años de prisión.
Tan solo en 2022, la EPA habría resuelto 24 causas penales relacionadas con la instalación de dispositivos para anular los sistemas anticontaminación de los diésel, el doble que el año anterior.
