Sabemos que el coche eléctrico quiere abrirse paso con firmeza y determinación por medio de un contexto que, de momento, no le favorece como así lo demanda Europa. Es por ello que desde el Gobierno se ha decidido pisar el acelerador con esta nueva movilidad, la cual requiere de un marco legislativo muy concreto para funcionar debidamente, y el socio adecuado para ello han sido las gasolineras. Y es que, tras el último Consejo de Ministros, se ha decidido modificar la Ley de Hidrocarburos para brindarle libertad a las gasolineras para instalar puntos de recarga de otras marcas, ergo, ¿estamos ante la crónica de la muerte anunciada del combustible?
Bien es cierto que el objetivo de despejar las carreteras en de todo coche gasolina o diésel en 2035 requiere de una ley dura y concisa de aquí a los próximos catorce años, pero sin duda este movimiento puede acelerarlo con diligencia. Y es que, al fin de cuentas, esta modificación permite a las gasolineras huir de la franquicia a la que pertenecen y recurrir a otros puntos de carga.
El Gobierno pisa el acelerador con los coches eléctricos y brinda libertad a las gasolineras
Así queda reflejado tras la modificación de la ley 34/1998 del sector de hidrocarburos que, hasta el momento, indicaba que los propietarios de gasolineras pertenecientes a una franquicia debían de ofrecer puntos de recarga a vehículos eléctricos dentro del contrato de suministro en exclusiva. En otras palabras, todos los cargadores para eléctricos debían pertenecer a la propia marca que daba cobijo a la gasolinera; ahora ya no.
Con esta modificación queda abolida la cláusula de exclusividad en lo que a ofrecer puntos de carga para coches eléctricos se refiere. Esto implica que, todo aquel que decida abrir una gasolinera como franquicia, podrá implantar en su estación de servicio cargadores de otras marcas, ampliando la red de puntos de carga a placer y ateniéndose a otro tipo de aspectos.
Por su parte, la Ley de Cambio Climático y Transición Energética incluye la obligación de que aquellas gasolineras principales, es decir, las que registran ventas de más de cinco millones de litros al año, deberán contar con puntos de recarga públicos, siendo sumamente conveniente la modificación que hoy nos incumbe.
Y es que, al fin de cuentas, esta libertad que se le proporciona a las gasolineras puede suponer el principio del fin para el coche de combustión, o al menos de una forma más acentuada. Esto se debe a que de los casi 13.000 puntos de recarga repartidos por el territorio nacional, la mayoría se encuentran instalados en grandes núcleos urbanos o en sus inmediaciones, olvidándose así de la red principal de carreteras de España.
Esta repartición limita mucho el uso del coche eléctrico fuera de su entorno favorable, la ciudad, obligándolo a dejar los viajes en un segundo plano. Sin embargo, la capacidad de las gasolineras para presentar puntos de recarga de cualquier empresa impulsaría la instalación de cargadores, ayudando así a extender la aplicación del vehículo eléctrico en España.
