A pesar de ser una (veterana) exigencia de Bruselas y de formar parte de la reforma fiscal que el Gobierno de Pedro Sánchez anunció cuando llegó a la Moncloa, por primera vez, en 2018, la equiparación de los impuestos del diésel y la gasolina ha echado el freno de mano… por ahora. No estará en los Presupuestos Generales, pero eso no quiere decir que se han olvidado de ello. Como sucede con otras medidas con las que se ha comprometido España ante Europa, con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, como la de introducir peajes en las autovías.
El objetivo del Gobierno era reformar los impuestos del diésel antes de finalizar la legislatura, pero el contexto internacional y económico generado a raíz de la Guerra de Ucrania ha cambiado su hoja de ruta. La inflación actual les ha obligado a pausar un plan que afectaría al bolsillo de muchos conductores en un momento especialmente delicado.
“No es el momento”
Así lo confirmaba María Jesús Montero, Ministra de Hacienda, en una entrevista concedida a la Cadena SER: “No es el momento de poner en marcha ninguna nueva fiscalidad en este sentido”. Ni el contexto económico acompaña ni tendría sentido si tenemos en cuenta la bonificación de 20 céntimos que se aplica a todos los combustibles. No formarán parte de los próximos Presupuestos Generales del Estado, pero el Gobierno se guarda la posibilidad de “sacar más rendimiento” a los impuestos que ya forman parte del sistema tributario.
A la tercera tampoco va la vencida
Por lo tanto, y a pesar de ser una medida tan impopular, sigue estando en los planes futuros del Gobierno. Esta es la tercera vez que echa el freno de mano: en 2021, la oposición del PNV y de otras formaciones evitó que formase parte de los Presupuestos Generales del Estado y a pesar de estar presente en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno, no se ha concretado.
La “adaptación del sistema impositivo a la realidad del siglo XXI” figura en el capítulo de reformas que contribuyen a la transición ecológica del Componente 28, pero al no estar reflejada en contrato operativo no forma parte de los requisitos que nuestro país debe cumplir para poder recibir los fondos de la Comisión Europea.
La reforma
La reforma de los impuestos relacionados con el diésel iba en dos direcciones. Por un lado, pretendían subir el gravamen a los carburantes. Y, por otro lado, figuraba la supresión de los privilegios fiscales que el diésel tiene en comparación con la gasolina: las diferencias en la carga impositiva de ambos combustible era la causa por la que el diésel (en circunstancias normales) era algo más barato.
Esa brecha era de once céntimos por litro y para minimizarla, la intención del Ministerio de Hacienda pasaba por incrementar los impuestos del diésel en 3,8 céntimos por litro. Con este movimiento, el impuesto de hidrocarburos del gasóleo pasaría de los 30,7 céntimos por litro actuales a 34,5 céntimos por litro.
Traducidas estas cifras a la práctica, llenar un depósito medio de 50 litros de diésel costaría 2,3 euros más (IVA incluido). Para un conductor que hiciera 15.000 kilómetros al año, el incremento sería de 3,45 euros más al mes y de 41,4 al año. Una subida que, según el Ministerio de Hacienda, supondría una recaudación de 500 millones de euros en dos años.
