Los días previos a la votación de los Presupuestos Generales del Estado todos estábamos pendientes de si el impuestazo al diésel tenía lugar, algo que finalmente no sucedió al ser usado como moneda de cambio por parte del Ejecutivo para obtener el voto favorable de ciertas formaciones políticas, aunque en declaraciones posteriores recogidas por EuropaPress la Ministra de Hacienda aseguró que tarde o temprano se llevaría a cabo.
Sin embargo, los presupuestos para el próximo año sí que contemplaban una subida del 2 % en la prima del seguro obligatorio de nuestros vehículos, algo que nos afectará a todos irremediablemente, pero eso no es todo, pues con «nocturnidad y alevosía» también se ha introducido un nuevo doble impuesto que afectará a los puntos de recarga para coches eléctricos, algo que carece de todo lógica si lo que se pretende es incentivar este tipo de movilidad, y sobre todo, mejorar esa infraestructura que a día de hoy es uno de los mayores escollos para la popularización de los eléctricos.
Así pues, según el Artículo 67 de la Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, se añade un nuevo epígrafe 664.2, lo que evidencia que es un impuesto de nueva creación, a los Impuestos sobre Actividades Económicas. En él se establece una cuota municipal mínima de 13,56 euros por cada punto de recarga que deberá abonar el titular del establecimiento o local donde se encuentra instalados, además de una segunda cuota de otros 13,56 euros, también por punto de recarga, que tendrá que abonar el propietario del mismo al Estado.
Es decir, por cada punto de carga se recaudarán 27,12 euros extras como mínimo, y teniendo en cuenta que actualmente existen 8.451 puntos operativos según el último Barómetro de Electromovilidad publicado ANFAC, estamos hablando de poco menos de 230.000 euros, una cantidad que para las arcas del Estado es irrisoria, pero que para el propietario de estos puntos de recarga puede suponer suponer la «gota que colma el vaso». Además, la cuota municipal indicada es un mínimo, y al igual que sucede con el Impuesto de Circulación, es posible y muy probable que cada consistorio eleve esa tarifa en la cifra que estime oportuna, doblándola, triplicándola o quintuplicándola.
Como es natural, las voces en contra no se han hecho esperar. Desde Aedive (Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica) piden coherencia al gobierno, advirtiendo que estos gravámenes impedirán el plan anunciado de crear 100.000 puntos de recarga en cuatro años, y que en consecuencia, supriman el impuesto municipal y, al menos, suspendan el nacional durante los primeros tres o cinco años. Asimismo, también han aprovechado para pedir una reducción del IVA a los coches impuestos y que las ayudas recibidas por los mismos, como el Plan MOVES del que pronto se espera una nueva edición, no tributen como rendimientos del trabajo.
