Más de un tercio de los propietarios de automóviles que deben realizar la Inspección Técnica de Vehículos en España no acuden y, de entre aquellos que sí se presentan, casi el 20% recibe resultados altamente desfavorables en sus coches, llegando incluso a ser considerados no aptos para circular. Por esta razón, AECA-ITV, que representa a todos los centros encargados de este tipo de reconocimientos, solicitó a la Dirección General de Tráfico en 2023 que intensificara las sanciones para quienes no cumplan de manera responsable y procedente con su visita a la ITV.
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Si bien esta petición puede estar más motivada por el deseo de aumentar el negocio para las ITV que por el propósito de mejorar la seguridad vial y el medio ambiente en nuestro país, es innegable que la combinación de un parque móvil con más de 14 años de antigüedad media y un mantenimiento pobre (inferior al de la mayoría de naciones de la Unión Europea) representa un riesgo significativo para la movilidad. Por otro lado, resulta inaceptable que existan conductores que se esfuercen por estar al día con sus obligaciones ciudadanas mientras otros siguen utilizando vehículos en condiciones deplorables y para nada justificables.
De acuerdo con la mencionada Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección Técnica de Vehículos, el número de automóviles que no cumplen con los estándares legales para su uso es preocupante, ya sea porque no han atendido la ITV o porque han fallado en la inspección en alguna de las instalaciones oficiales que acredita el Estado. Por lo tanto, la entidad en cuestión ha propuesto a la DGT que no sólo aumente las multas para los infractores, sino que les quite de puntos del carnet.
La AECA-ITV plantea una cacería para quienes no visiten sus centros
La asociación va más allá en sus propuestas para los responsables de Tráfico en España. Por ejemplo, sugiere al Gobierno que las compañías de seguros no puedan aceptar ni renovar pólizas a los propietarios de vehículos que no hayan hecho frente a la ITV con el último objetivo de reducir el ausentismo que ha aumentado significativamente en los últimos cinco años y sobre todo desde la pandemia por COVID-19. Y es que, a partir de 2020, los españoles han experimentado una reducción en su poder adquisitivo que les impide realizar ciertas reparaciones o mantenimiento en sus vehículos.
Además, insta a las autoridades de las grandes ciudades a colaborar en la detección de estos ejemplares con inspección caducada o no favorable a través de las varias cámaras que se emplean en las Zonas de Bajas Emisiones, ampliando sus posibles usos. También les invita a llevar a cabo campañas de concienciación más numerosas, intensas y efectivas, pero a finales de febrero de 2024 la DGT no ha dado ningún paso en la línea de estas manifestaciones que, pese a la naturaleza de sus intenciones, no dejan de ser polémicas.
