Ayer, Nissan celebró el II Webinar sobre movilidad inteligente, la segunda edición de un encuentro online en el que participó – además de representantes de la marca – Teresa Ribera, la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La conversación giró entorno a los vehículos eléctricos y el proceso de transición hacia ellos, y se trataron temas como la infraestructura de recarga o la conexión de los vehículos a la red eléctrica. Una de las declaraciones más interesantes tuvo que ver con la fiscalidad de los vehículos eléctricos.
Aunque no era el principal propósito de la tertulia, la Ministra admitió que el Gobierno no descarta reducir de forma el IVA a la compra de vehículos eléctricos. Actualmente, el IVA a la compra de coches eléctricos nuevos es el mismo que el de cualquier otro vehículo, es decir, el 21%. Los vehículos eléctricos no pagan Impuesto de Matriculación pero siguen siendo, en promedio, más caros que sus alternativas de combustión interna. Aunque se están abaratando de forma considerable, un apoyo fiscal por parte del estado reduciría su factura final de forma notable.
Otros incentivos fiscales a la compra de eléctricos son la bonificación del I.V.T.M. en multitud de municipios, así como rebajas en los servicios de estacionamiento regulado – en algunas ciudades, ni siquiera pagan zona azul o zona verde. Sin embargo, son medidas que no tienen un calado tan directo y tan sencillo como una reducción del IVA. Reducir el IVA de un coche eléctrico de 30.000 euros del 21% actual al 10% supondría una rebaja en la factura final de nada menos que 2.500 euros. A ello, también hay que sumar las ayudas existentes a la compra, parte del Plan MOVES II.
La Ministra ha apostillado que «España está muy por debajo de la Unión Europea en fiscalidad ambiental, para bien o para mal», confirmando que se avecinan importantes cambios al respecto durante los próximos años. También ha afirmado que España tendrá de manera «rápida y ágil» un panorama fiscal más congruente. En estas declaraciones estarían incluidas actuaciones como la subida de los impuestos al gasóleo – actualmente bloqueada – y una posible modificación del Impuesto de Matriculación, así como una racionalización de las etiquetas de la DGT.
En cualquier caso, lo que sin duda queda claro, es que habrá cambios importantes en esta fiscalidad durante la presente década. Cambios, que por otra parte, son en gran parte necesarios para una transición a una movilidad eléctrica. Desde Diariomotor apoyamos estos cambios, siempre que sean equitativos con el parque móvil existente, y no se basen en prohibiciones o demonizaciones de ciertos vehículos. Existe margen para la convivencia de todo tipo de tecnologías de propulsión, y una transición ordenada y justa, debería ser posible.
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