El centro de Madrid estará cerrado al tráfico y no, no hablamos de una medida puntual para acabar con un episodio de alta contaminación sino de una decisión permanente, que entrará en vigor el próximo año, en 2018 y que supondrá un importante y polémico cambio en la movilidad de la ciudad con otras restricciones adicionales en sus calles y en la principal vía de la capital, la M-30.
Estas medidas pretenden reducir en 2020 un 25% las emisiones de NO2 respecto a 2012
El Ayuntamiento de Madrid, con Manuela Carmena al frente, ampliará a partir de 2018 (en el primer semestre) el Área de Prioridad Residencial de Madrid a todo el centro de la ciudad, prohibiendo por tanto la circulación en esta zona a aquellos que no sean residentes lo que implicaría un enorme cambio en la vivencia de la ciudad, que cuenta con numerosas vías principales atravesando el núcleo urbano. El acceso a estas zonas con vehículos eléctricos o en transporte público estará permitido.
El distrito central de la capital, que será denominado como Área Central Cero Emisiones, no será el único que sufrirá cambios para reducir los niveles de emisiones y a partir de la segunda mitad de 2018 la M-30 estará limitada a 70 km/h (actualmente los tramos más rápidos permiten una velocidad de 90 km/h) y paulatinamente se prohibirá la circulación de vehículos gasolina matriculados antes del año 2000 y de vehículos diésel matriculados antes del 2006. Además la Calle Alcalá verá reducidos los carriles disponibles, se construirán nuevos parkings, se reforzará el transporte público y se crearán más zonas verdes.
La Gran Vía y la Calle Alcalá reducirán sus carriles y aumentarán sus aceras
El Plan de Calidad del Aire cuenta con un presupuesto de 540 millones de euros para aplicar estas medidas en las que además se contempla la instalación de 15 puntos de recarga rápida para coches eléctricos en la ciudad, algo que se antoja un tanto «escaso» y un aumento del 30% de aparcamiento para motos. Este plan se ratificará el próximo jueves tras la junta de gobierno.