La patronal de las constructoras llevaba años insistiendo. Como es lógico, buscaban un modelo de pago por uso de la red viaria de alta capacidad, en aras de unos cuantiosos ingresos públicos que garantizasen su correcto mantenimiento – mantenimiento que sería asignado a sus empresas asociadas. Un plan sin fisuras que nunca llegó a materializarse, pese a varios «globos sonda» por parte del Gobierno. Sin embargo, el pago por uso de las autovías aparece ahora recogido en el documento enviado a Europa para la articulación del Plan de Recuperación.
El Plan de Recuperación consiste en 140.000 millones de euros que España tiene pre-asignados. Este fondo europeo buscará la salida a la crisis provocada por la pandemia a base de inversiones públicas. Inversiones orientadas a todo tipo de sectores, con un especial énfasis en la recuperación del empleo perdido a través de un modelo de crecimiento sostenible a nivel ambiental – con un objetivo último de neutralidad climática para el año 2050 – y una profunda revisión de las políticas de ingresos públicos.
La concesión de estas ayudas debe estar completamente justificada, y es por ello que España remite a la Comisión Europea un detallado documento, donde explica en qué va a gastar los fondos, equivalentes a aproximadamente un 15% del PIB nacional. En este documento se explicita que «se revisará la financiación de las vías de alta capacidad y se establecerá un sistema de ingresos que garantice los fondos necesarios para la conservación de la red viaria estatal». Esta medida lleva en boca de Ábalos desde que jurase el cargo, en el año 2018.
El titular del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ya había hablado de su implantación, pero nunca, hasta la fecha, se había manifestado por escrito por parte del Gobierno. Por el momento, ni el Gobierno ni Ábalos han comunicado la forma en que este modelo se implantará, ni cómo se hará. Los rumores apuntan a que estará incluido en la futura Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte. Una ley cuyo anteproyecto está en estos momentos sometido a consulta pública – y al que nos oponemos de forma frontal.
Este modelo de pago por uso está implantado en casi todos los países de la Unión Europea como forma de garantizar el mantenimiento de la infraestructura, pero bajo mi punto de vista, el fracaso es tener que recurrir a un gravamen adicional para poder mantener la red viaria en un estado aceptable. Red viaria cuya construcción ha sido posible gracias, únicamente, al esfuerzo tributario de los contribuyentes españoles. En estos momentos, solo el 11% de la red de alta capacidad española está sujeta a algún tipo de pago por uso – es decir, al pago de peajes.
De hecho, las reversiones de autopistas a titularidad pública han dejado la red de autopistas de peaje españolas en menos de 2.000 km. Estas reversiones no harán más que aumentar el déficit en conservación que la red viaria ya acumula. La propuesta de la patronal de constructoras Seopan planteaba un peaje de 0,03€/km para vehículos ligeros y 0,14€/km para vehículos pesados. En palabras de Ábalos, se gravará a «a los que la circulación por estas vías les hace ser más competitivos en su actividad, beneficiados por el nivel de las infraestructuras».
Estas medidas abren la puerta a que solo algunos colectivos paguen por el uso de estas vías, esencialmente, el transporte por carretera. Un transporte por carretera que supone el 90% del movimiento de mercancías en nuestro país, y que será repercutido al coste de los bienes que consumimos. En estos momentos todo son dudas e incertidumbre, pero parecemos abocados a pagar de una forma u otra, por unas autovías cuyo mediocre mantenimiento y construcción ya han financiado durante décadas nuestros propios bolsillos.
Fuente: El Economista
