Hoy en día podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que las autoridades europeas y nacionales han ignorado algo que sabían desde hace más de una década, que las emisiones de óxido de nitrógeno (NOx) de los diésel son muy superiores en condiciones reales a las que homologan en las pruebas de laboratorio. También podemos decir que, la presión de fabricantes, y de una industria que es muy importante para algunos de los países miembros de la Unión Europea, ha conseguido que la legislación no sea todo lo dura que debería ser con las marcas, y que incluso en casos tan importantes como el de Volkswagen, las autoridades sean muy benevolentes. Pero te diré que hoy no somos nosotros los que lo decimos, sino el Parlamento Europeo, que con 585 votos a favor, 77 en contra, y 19 abstenciones, ha lanzado estas acusaciones y ha preparado un plan para evitar que se produzca otro escándalo como el de Volkswagen y, muy probablemente, para acelerar el fin de los diésel. ¿Y en qué consiste?
El Parlamento Europeo ha demandado la redacción de iniciativas que aboguen por la mejora de la calidad del aire, la adopción de un modelo de medición de emisiones reales y, sobre todo, que todas estas medidas se lleven a cabo con rapidez. A la larga, estas medidas supondrán mayores restricciones al tráfico en las ciudades – especialmente de los diésel – como las que ya se están anunciando en ciudades como París o Madrid. Ver comunicado de la sesión plenaria del Parlamento Europeo celebrada esta mañana.
También se ha solicitado que, en el caso de que un fabricante cometa un fraude, como el reconocido por Volkswagen, este se comprometa a compensar a todos sus clientes. Lo cual no excluye que existan otro tipo de sanciones que disuadan a cualquier fabricante de seguir este camino, o que los clientes puedan agruparse para demandar a la propia marca. De hecho, el propio Parlamento Europeo solicita la creación de normas que faciliten las demandas colectivas.
Por otro lado, y no menos importante, el hecho de que el Parlamento Europeo abogue por un modelo en el que la certificación de las emisiones de los fabricantes será responsabilidad de los estados miembros. Los propios estados serán también los que sufraguen estos análisis de emisiones, encargándose de examinar cada año al menos un 20% de los modelos comercializados en el país durante el ejercicio previo. El Parlamento también propone que el coste de estas pruebas se sufrague con las cuantiosas multas que se han definido para aquellos fabricantes que falsifiquen los resultados en las pruebas de emisiones, por ejemplo utilizando dispositivos como los presentes en los coches afectados de Volkswagen. Se propone que estas multas lleguen hasta los 30.000 euros por vehículo afectado.
Mientras tanto, y aún con todo lo positivo que pueda aportar lo visto esta mañana en el Parlamento Europeo, hemos de rebajar las expectativas teniendo en cuenta que se trata de un acuerdo y un informe no vinculante. Los estamentos europeos aún están en negociaciones para introducir una ley en la que están trabajando el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y los estados miembros y en la que también se debería tener en cuenta la opinión de los propios fabricantes. Con lo cual solo nos queda esperar que las decisiones del Parlamento Europeo pesen en el documento final y que la ley pueda definirse por completo, y con rigor, cuanto antes.
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