El Gobierno de Pedro Sánchez está decidido a imponer un peaje por el uso de las autovías. Esta medida lleva lanzada como globo sonda desde 2018, pero ahora ha cobrado mucha más fuerza tras ser llevada a Europa como contrapartida para acceder al Plan de Recuperación de 140.000 millones de euros. Así, en España estamos abocados a hacer frente a un peaje por el uso de vías de alta ocupación, un gravamen que además de ser harto impopular, obligará a los españoles a replantearse cómo hacen uso de sus vehículos y las carreteras.
Porque ya estamos pagando esas carreteras
Esta es la gran obviedad que se esconde tras esta medida. Las infraestructuras que dan vida a la red viaria española ya están siendo sufragadas a través de nuestros impuestos directos e indirectos, dese el IVA al impuesto de matriculación, pasando por los combustibles y los propios peajes que están presentes en autopistas. Tanto el Gobierno como SEOPAN, ya se han «quejado» en numerosas ocasiones del déficit que arrastran las carreteras españolas por culpa de su conservación (8.000 millones), dando lugar a la justificación perfecta para impulsar un aumento de la recaudación para tal fin.
De este modo, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana presidido por José Luís Ábalos, pretende instaurar un gravamen que tenga en cuenta el uso de las vías de alta ocupación. Pese a que el primer anuncio sobre esta medida se produjo en 2018, todavía hoy no se han ofrecido detalles concretos sobre cómo se pretende implantar el nuevo impuesto, aunque todo apunta a un gravamen sujeto a la distancia recorrida y al tipo de vehículo en el que nos desplacemos. De esta forma, el impuesto afectaría en mayor medida a vehículos pesados que realicen largas distancias, aunque también supondrá un coste extra para cualquier usuario. El conocido como peaje de autovías verá la luz, previsiblemente, como parte de la Ley de Movilidad Sostenible y Financiación del Transporte, estandora ahora en proceso de consulta pública para realizar aportaciones.
Porque saturará otras carreteras
A falta de conocer qué sobrecoste supondrá este gravamen en nuestros desplazamientos, lo que sí sabemos con certeza es que nuestros trayectos serán más caros una vez se apruebe este impuesto. Así, la consecuencia más lógica es la alteración de las rutas para evitar este pago extraordinario, especialmente en aquellos casos donde el sobrecoste sea mayor por el tipo de vehículo y la distancia recorrida.
El ejemplo más claro de esta consecuencia lo tenemos en algunas autopistas de peaje que ya están funcionando en España, carreteras que muchos conductores evitan si existe una alternativa «gratuita» donde el tiempo de trayecto es similar o ligeramente superior. Es cierto que este peaje para autovías sería más difícil de evitar, pues se aplicaría a todas las vías de alta ocupación que existen en España, pero ello no quita para que los conductores busquen otras opciones como carreteras secundarias o vías interurbanas si salen las cuentas a final de mes.
Menos seguridad y más contaminación
Como segunda consecuencia de un encarecimiento de nuestros trayectos, y teniendo en cuenta que si salen las cuentas evitaremos usar autovías de peaje siempre que sea posible, el resultado es una mayor congestión de las vías secundarias, interurbanas o urbanas. A más coches y en carreteras peor preparadas, será fácil ver cómo la siniestralidad aumenta, añadiendo el consiguiente aumento de las emisiones por culpa de un mayor tráfico. ¿Qué pasa con los planes para reducir la siniestralidad y descarbonizar las ciudades?
Como ya hemos dicho, esto es un ejemplo que puede comprobarse tomando como referencia algunas autopistas de peaje en España, descubriendo que ese peaje es la razón de que muchos conductores prefieran usar carreteras que son más inseguras, que elevan el tiempo de nuestros trayectos y que nos obligan a quemar más combustible. Y si queréis un ejemplo real, aunque hay bastantes a lo largo de nuestra geografía, tan solo tenéis que fijaros en la Costa del Sol y la polémica autopista AP7.
