El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciaba el lunes 29 de mayo la convocatoria de elecciones generales, que se celebrarán el domingo 23 de julio, y que ya ha sido formalizada procediendo a la disolución del Congreso de los Diputados y el Senado. La suspensión del Pleno del Congreso implica, entre otras cosas, la paralización de todos los trámites parlamentarios y, por lo tanto, de decenas de leyes que se encontraban en tramitación.
Entre todas esas leyes nos encontramos con una de las medidas más controvertidas, la de los peajes urbanos, que habilitarían a introducir tasas especiales para acceder a las Zonas de Bajas Emisiones. La paralización de los tramites parlamentarios habrían supuesto la suspensión del proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, en el que se enmarcaba esta medida.
Ahora bien, ¿qué sucederá al respecto de los peajes urbanos? ¿Se retrasará su implantación o será cancelada?
Habrá peajes urbanos, pero llegarán más tarde de lo previsto
En 2022 se establecieron los cauces que habilitarían al establecimiento de alguna suerte de tasa, pago por uso, o peaje, para acceder a las Zonas de Bajas Emisiones. Pero la idea de introducir peajes urbanos ya se había valorado mucho antes. En abril de 2021 ya formaba parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que el Ejecutivo español envió a la Unión Europea.
Sin especificar cómo se legislaría y, aún menos, cómo se implementaría esta medida, el Gobierno apuntaba con claridad a la introducción de «mecanismos de pago por uso» en los «planes de movilidad urbana». Y en este compromiso reside la razón por la cual estamos convencidos a que los peajes urbanos llegarán más temprano que tarde, fundamentado precisamente en dos de las motivaciones, conminadas por Europa, de este plan:
- La motivación medioambiental, de establecer una serie de medidas que aboguen por propiciar una motivación más sostenible. Introducir algún tipo de tasa que penalice el uso de vehículos más contaminantes y a la vez propicie el uso de coches menos contaminantes encajaría en los marcos normativos que está solicitando la Unión Europea.
- La motivación económica, ya no solo de hacer sostenibles las arcas públicas – con medidas de gran calado que también se enmarcan en este plan como la reforma de las pensiones – sino también para sufragar la transición energética. Este tipo de tasas deberían financiar otras medidas que propicien el uso de coches menos contaminantes.
La pelota en el tejado de los ayuntamientos
Independientemente del resultado de las elecciones del 23 de julio de 2023, todo apunta por lo dicho anteriormente a que el Gobierno que surja de las urnas tendrá que abordar medidas como la introducción de peajes urbanos para cumplir con los compromisos para con Bruselas. Y lo único que podemos hacer en estos momentos es analizar cómo se había previsto la implantación de peajes urbanos según el Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible que hoy se encuentra paralizado por la suspensión de las Cortes y que desconocemos si se retomará con la conformación de un nuevo Gobierno y, sobre todo, un nuevo Parlamento.
Lo interesante del Anteproyecto de Ley residía, sin duda, en el hecho de que no se obligase a establecer peajes, desde una normativa nacional, sino que se habilitase a los ayuntamientos que así lo decidieran a establecer esos peajes, mediante la modificación del Real Decreto Legislativo 2/2004 del Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales. Y el propio texto así lo defendía:
Permite que los municipios que así lo deseen puedan introducir una tasa por la circulación de vehículos que superen los límites o categorías máximas de libre circulación estipuladas en las zonas de bajas emisiones
Un modelo de pago por uso urbano
Esta modificación del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales habilitaba, primero, a que los ayuntamientos pudieran introducir tasas por la «utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público» y, no solo a establecer peajes para el acceso a las Zonas de Bajas Emisiones, sino incluso proponiendo un modelo para establecer las tasas basado en que el peaje se calcule tomando como referencia lo que hubiera pagado el vehículo si, en lugar de estar circulando, hubiera estado estacionado en aparcamientos públicos:
Se podrá utilizar como valor de referencia de mercado el coste que hubiera tenido que abonar ese vehículo si hubiera estacionado en un aparcamiento público en lugar de circular por la zona calificada de bajas emisiones
De alguna forma, este tipo de peajes urbanos supondrían una carga extra sobre los conductores pero, también, ofrecerían alternativas a los ayuntamientos que prefieran introducir el pago de una tasa, y permitir la circulación de coches contaminantes, a restringir y prohibir su uso.
¿Y ahora qué? ¿Qué sucederá con la Ley de Movilidad Sostenible?
Llegados a este punto ya solo queda preguntarnos qué sucederá con la Ley de Movilidad Sostenible. La tramitación de la Ley de Movilidad Sostenible ha quedado, de momento, suspendida por la disolución del Congreso de los Diputados y el Senado. Que se retome esta norma, o que se en marque en una nueva propuesta de ley, dependerá del Ejecutivo que salga de las urnas el próximo 23 de julio y, sobre todo, de la conformación del Congreso de los Diputados.
