Impuestos, contaminación y restricciones al tráfico. Un menú potente para arrancar una charla, para hacer subir el tono, para esgrimir argumentos como si la vida nos fuese en ello…y es que estos tres temas son candente actualidad dentro de la industria automovilística con asuntos que, además, afectan a millones de ciudadanos.
Pero pongámonos en antecedentes. Hace unas semanas el consistorio de Barcelona anunciaba una serie de pioneras medidas con las que se pretende combatir la contaminación, que, cada vez con más intensidad, se ha instalado en la ciudad condal. El Plan Colau comprende, entre otras acciones, la restricción de circulación en días laborables a los vehículos más contaminantes tanto en la ciudad como en poblaciones del área metropolitana.
En Madrid también se ha presentado hace muy poco tiempo un plan similar, denominado Plan de Calidad de Aire y Cambio Climático, con dos fechas clave: 2020 y 2025. Este plan de actuación tiene como resultado final la expulsión del centro de la ciudad de los vehículos diésel más antiguos y contaminantes, aquellos matriculados antes de 2006.
Esta obsesión por los motores diésel más antiguos se debe a lo contaminantes y peligrosos para la salud que resultan y a la gran cantidad de óxidos de nitrógeno (NOx) y partículas en suspensión que emiten, principales causantes de las «boinas» grisáceas que cubren las ciudades en episodios de alta contaminación.
Y ahora Valladolid…
Es evidente que esta tendencia está cobrando cada vez más fuerza en los núcleos urbanos, y que poco a poco tendremos que acostumbrarnos a ello, cambiando de mentalidad. La contrapartida a estas restricciones las encontramos en las bonificaciones que las administraciones conceden a los vehículos menos contaminantes, a los híbridos, a los eléctricos o a los propulsados por combustibles alternativos como el GLP o el GNC, todos ellos etiquetados con los indicativos ECO o CERO de la DGT.
Estas bonificaciones suelen hacerse efectivas, por ejemplo, en las campañas del IVTM -Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica-, donde la inmensa mayoría de las ciudades españolas aplican bonificaciones de pueden llegar al 75%, o en las tarifas de aparcamiento regulado, donde los eléctricos, por ejemplo, están exentos de pagar.
Sin embargo, esta semana nos hemos llevado una gran sorpresa al comprobar la «maniobra» del Ayuntamiento de Valladolid dentro de la campaña de recaudación del mencionado IVTM 2017. Si echamos la vista atrás, comprobaremos como el consistorio vallisoletano fue uno de los primeros en bonificar a los vehículos híbridos, eléctricos o alimentados por GLP hace ya más de 10 años.
La coherencia está… ¿sobrevalorada?
Ahora, de forma cuanto menos sorprendente, observamos estupefactos como, por primera vez, el Ayuntamiento de Valladolid ha modificado las condiciones de las bonificaciones en el IVTM, ampliando el descuento del 75% a los gasolina y diésel que emitan menos de 120 gr/km de CO2, tengan la edad que tengan.
¿Qué sentido tiene este movimiento en plena «expulsión» del diésel? Esta actuación, completamente absurda, permite bonificar el 75% del IVTM a, por ejemplo, un Citroën Xsara 1.4 HDi de 2003, que homologó en su momento unas emisiones de 12o gr/km de CO2, bonificación aplicable también a un Audi A2 1.2 TDI, que con 86 gr/CO2 queda muy por debajo del límite, pese a que ambos modelos contasen sólo con la homologación Euro 3, resultando sensiblemente más contaminantes que un Ford Focus 2.0 TDCI 163 CV de 2012, ya homologado bajo la norma Euro 5, pero emitiendo 129 gr/km de CO2.
¿Dónde ha quedado la coherencia? ¿Por qué algunos ciudadanos tienen que tragar con unas normas que les impiden utilizar su coche en pos de un supuesto beneficio comunitario, mientras que en otras regiones no sólo no restringen su uso, sino que lo bonifican? ¿Por qué no antes de lanzar las garras sobre el ciudadano, las autoridades no se ponen de acuerdo? ¿Eres «bueno» en una ciudad, pero «delincuente ambiental» en otra? Muchas preguntas para una tertulia de fin de semana…¿no?
