Son muchas las propuestas que recibe la Dirección General de Tráfico. Hace poco os hablábamos de la solicitud que las autoescuelas hicieron para mejorar la formación de los futuros conductores y reducir la siniestralidad. Ahora, la petición viene de alguien que conoce bien la DGT porque ha formado parte de ella: quieren que se reduzcan los límites de velocidad a partir de los cuales, la multa incluye pérdida de puntos.
La propuesta es de Ramón Ledesma y surge a raíz del balance de siniestralidad que, hace unos días, hacían público la DGT y el Ministerio de Interior. Ante el aumento de los fallecidos, el consejero asesor de Pons Seguridad Vial, aprovechó una entrevista concedida a El Mundo para lanzar su petición. Ramón Ledesma conoce bien la Dirección General de Tráfico porque ocupó el cargo de subdirector general de Normativa y Recursos de 2004 a 2012.
Una reducción de 5 km/h
Desde su punto de vista, reducir en 5 km/h el límite de velocidad a partir del que se restan puntos en el carnet de conducir sería una fórmula para reducir la siniestralidad de las carreteras.
Cabe recordar que cuando un conductor excede los límites, pero no los supera en 20 km/h (ciudad) o en 30 km/h (carretera), no hay pérdida de puntos: la multa solamente es económica y asciende a 100 euros. Las cosas cambian a partir de esa barrera porque, entonces, el exceso se transforma en una infracción graves o muy grave.
El número de puntos que se pierden depende de la velocidad, pero también del escenario. Si un conductor circula por una vía urbana superando el límite entre 21 y 30 km/h, perderá dos puntos. Si lo hace entre 31 y 40 km/h, serán cuatro puntos y entre 41 y 50 km/h, serán seis puntos. A partir de 51 km/h se pierden los mismos puntos y un exceso de más de 60 km/h o más (circular a más de 90 km/h en una calle de 30 o a más de 110 km/h en una de 50) supone un delito contra la Seguridad Vial.
En vías interurbanas (convencionales, autovías y autopistas) el margen es algo mayor. Un exceso de 31-40 km/h implica una pérdida de dos puntos, con uno de 41-60 km/h, se pierden cuatro puntos y con uno de 61-70 se pierden seis puntos. Lo mismo ocurre si se circula superando la velocidad máxima en 71 km/h. Y, como en el caso anterior, con un exceso de más de 80 km/h (circular a más de 191 km/h) se puede incurrir en un delito contra la Seguridad Vial.
La propuesta de Ramón Ledesma se centra, precisamente, en las vías interurbanas. Con la reducción de 5 km/h que pide, la pérdida de puntos en las carreteras secundarias, cuyo límite es de 90 km/h, se daría en el momento en el que el conductor circulase a 115 km/h (en lugar de los 121 km/h actuales). En autovías y autopistas, limitadas a 120 km/h, esa resta se produciría a los 146 km/h y no a 151 km/h.
Otras propuestas
Esta no es la única solicitud que Ramón Ledesma hace a la DGT: pide, también, límites de velocidad dinámicos dependiendo de las condiciones. Concretamente, apuesta por rebajar el máximo en 20 km/h cuando se registre una incidencia en la carretera: averías, obras, accidente… Por otro lado, señala que la implantación de pasos de peatones elevados ayudaría a minimizar el número de atropellos.
Por último, ve recomendable incluir el derecho de repetición en la Ley del Seguro para reducir las distracciones al volante. Con esta figura, la compañía de seguros se haría cargo de los trastornos sufridos por la víctima y el conductor será responsable de los daños ocasionados por su despiste.
Del Ministerio de Interior al de Movilidad
Otro de los puntos abordados por el consejero de Pons Seguridad Vial es la ubicación de la DGT: desde su punto de vista debería trasladarse desde el Ministerio del Interior al de Movilidad. En el primero está catalogada como centro administrativo y no político, mientras que en esa mudanza se convertiría en Secretaría General y pasaría a llamarse Agencia Estatal de Movilidad.
Para Ramón Ledesma, desde su actual posición, es complicado afrontar los retos que vienen: “La regulación del vehículo conectado, las restricciones circulatorias derivadas de las zonas de bajas emisiones, el pago por uso de las infraestructuras o mayores consecuencias sobre los conductores por el uso del móvil”. Y es que ve que el modelo actual, que data de los años sesenta, ya está dando síntomas de agotamiento por “su posición institucional”.
