Las democracias occidentales se están dando de bruces, cada vez más, con la problemática de gobernar pensando en periodos de cuatro años. Asuntos como la transición energética exigen altura de miras, decisiones a menudo impopulares, y valientes, cuyos resultados no se harán efectivos en cinco, diez años, o incluso varias décadas. Este ejemplo es perfecto para ilustrar el caso de la Dirección General de Tráfico, y la cobardía política, e incluso la parálisis parlamentaria en la que nos vemos inmersos. Un tema aún más interesante tras la última entrevista de Pere Navarro, en la que apuntaba «al miedo a arriesgar» de sus predecesores.
La cobardía política de la DGT
A pesar de que Pere Navarro ha retomado esa idea del miedo en la DGT, no ha sido él el que ha hablado de cobardía política, sino la ex-directora a cuyo periodo hacía referencia. Hace exactamente un año, en septiembre de 2018, la antigua Directora General de Tráfico, María Seguí, aseguró en una entrevista a EFE que su propuesta de rebajar los límites de velocidad en las carreteras secundarias, que ya se había puesto sobre la mesa en 2013, quedó en el cajón porque fue paralizada por el Ministerio del Interior, calificándolo de «un acto de cobardía política total».
No sería hasta enero de 2019, ya con Pere Navarro al frente de la institución, que finalmente se limitaría a 90 km/h la velocidad en carreteras convencionales. María Seguí reconocería que a pesar de que Pere Navarro sí pudo llevar a cabo esta medida, fue en 2013, en sus años en la DGT, cuando se elaboró todo el trabajo al respecto de la reducción de límites de velocidad, incluidos los trabajos técnicos «elaborados por gente de la DGT, con rigor y criterio».
Como os contábamos estos días, Pere Navarro aludió en su entrevista a eldiario.es a ese «miedo a arriesgar» explicando por qué habían encontrado 78 radares en un almacén, que fueron almacenados durante años.
La parálisis del Gobierno
A pesar de que un gobierno en funciones puede llevar a cabo medidas, empleando la fórmula del Real Decreto-ley, como se demostró durante la pasada campaña electoral, esta fórmula está pensada, sobre todo, para evitar la parálisis en el Gobierno, y es considerada de carácter excepcional. De manera que no se esperan reformas importantes de la DGT, en materia de seguridad vial, hasta que se conforme un gobierno. De hecho, algunas de las medidas más importantes que ya ha dejado caer la DGT estarían pendientes de una reforma del Reglamento General de Circulación que no parece posible con un gobierno en funciones. De hecho, al fin al de su última entrevista, el propio Pere Navarro ha reconocido que «como a tanta gente y a tantas áreas, a la DGT le urge tener un gobierno».
Pere Navarro ya ha expresado su intención de endurecer las sanciones por utilizar el teléfono móvil, en su cruzada con las distracciones, llegando incluso a sancionar con 6 puntos esta infracción. También ha expresado su intención de buscar un marco regulatorio para los patinetes eléctricos, sobre todo para dotar de instrumentos a los ayuntamientos, que en última instancia regularán el tráfico en sus calles. Pero todas estas medidas no saldrán adelante sin gobierno, o incluso podrían descartarse por completo de producirse una nueva convocatoria de elecciones, y un relevo en la Dirección General de Tráfico.
