El movimiento de los «chalecos amarillos» ha tenido una gran transcendencia social en Francia. Lo que comenzó como un movimiento de protesta por el alza del precio de los combustibles ha acabado derivando en fuertes protestas contra el ejecutivo de Macron, que ha tenido que ceder a muchas de sus exigencias. Como viene siendo habitual en las protestas francesas, no suelen ser pacíficas y suelen venir acompañadas de destrucción de la propiedad pública. Hemos sabido recientemente que el movimiento de los «gialets jeunes» ha inutilizado físicamente el 60% de los radares fijos de Francia.
Según datos del Ministerio del Interior francés y según informa la agencia AFP, en Francia hay aproximadamente 3.200 radares, de los cuales unos 2.500 radares son capaces de multar a los conductores. Estos radares son muy similares a los que tenemos en España, y al igual que en nuestro país, muchos conductores creen que son un elemento puramente recaudatorio, cuya localización solo busca maximizar los ingresos del erario público. A este descontento tradicional se ha unido una reducción en la velocidad máxima en carreteras convencionales, aplicada en Francia desde el pasado 1 de julio.
La velocidad máxima en carreteras convencionales de doble sentido ha pasado de los 90 km/h a los 80 km/h, una medida que no ha sido acogida de forma positiva por los conductores galos. Cuando el movimiento de los «chalecos amarillos» comenzó a ganar tracción y popularidad en toda Francia, los radares fueron el objetivo de destrozos y vandalismo. Es sencillo ver por qué: son vistos como símbolos del control y constante explotación económica de los conductores por el gobierno del país. Muchos radares han sido quemados, otros han sido destrozados a martillazos y otros cubiertos de pintura. En el mejor de los casos, se han envuelto en plástico o cartón, para impedir que fotografíen a los conductores.
Desde que estallase el movimiento, el ministro de Interior – Chrisptophe Castaner – comunica que el 60% de todos los radares fijos han sido neutralizados, atacados o destruidos. En estas mismas declaraciones llama «tontos, inconscientes y inconsecuentes» a los que los han vandalizado. Al mismo tiempo, desea que «nunca tengan que enfrentarse a la realidad de la muerte en la carretera», aludiendo que los radares «no son política económica, son política de la vida». En 2017 el estado francés ingresó 1.010 millones de euros gracias a las multas de los radares de tráfico.
Es de esperar que las cifras de 2018 sean muy inferiores. Como único punto positivo de esta espiral destructiva, la mortalidad en carretera en nuestro país vecino se ha reducido en 2018, y prevén alcanzar mínimos históricos.
Fuente: AFP
