La industria del automóvil, y nuestros gobernantes, se enfrentan a numerosos dilemas. Todos estaremos de acuerdo en que la situación en muchas grandes ciudades europeas es, como mínimo, preocupante. Es cierto que las restricciones que se están llevando a cabo, por ejemplo en Madrid, exigen más rigor y un estudio concienzudo de todas las fuentes que están generando la contaminación, y en concreto las altas proporciones de NOx en límites que según el consenso científico son problemáticas para nuestra salud. Pero también estaremos de acuerdo en que hay que hacer algo para atajarlo. Ahora bien, las emisiones de gases de efecto invernadero, como el CO2, también son un problema que los estados europeos han prometido minimizar. ¿Cómo podemos resolver ambos problemas a la vez? ¿Cómo puede afectar a la industria del automóvil y a nuestras economías? De momento, siete países de la Unión Europe han conminado a la Unión Europea a que se apriete más a la industria del automóvil para reducir las emisiones de CO2 generadas por el tráfico rodado.
El primer dilema que nos encontramos pasa por las medidas que se están llevando a cabo para reducir las emisiones de NOx. La más habitual ha sido la de poner en tela de juicio la idoneidad del diésel. Esto no solo va a poner en aprietos a los propietarios de los diésel más antiguos, que efectivamente son propensos a emitir grandes cantidades de NOx al aire que respiramos en nuestras ciudades, sino que ha conseguido asustar al comprador, y hacer que las ventas del diésel caigan a mínimos históricos. Y aquí nos encontramos con un problema. Aunque los motores de gasolina modernos, y sobre todo los híbridos, han reducido significativamente sus emisiones de CO2, los diésel también tenían esa ventaja, la de ofrecer unas emisiones de CO2 más bajas que sus homólogos de gasolina.
¿Dónde está el término medio?
El segundo dilema no es otro que el de cómo se puede apretar a la industria del automóvil sin ahogarla. Algunos estados europeos tienen grandes intereses en la industria, que también son aprovechados por los grupos de presión para aliviar la carga que ciertas decisiones políticas pueden generar sobre su negocio. Hablamos de decenas y cientos de miles de puestos de trabajo.
La Comisión Europea habría recibido, según Reuters, una carta firmada por los ministros de transporte y medio ambiente de Austria, Bélgica, Eslovenia, Irlanda, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal, que solicitaría una reducción de las emisiones de CO2 – que se contabilizan según la media de los coches vendidos – del 40% en 2030. Una cifra superior a la que se postula, entre el 25% y el 35%, por el interés de los principales países productores, entre ellos Alemania y Francia, de reducir la carga sobre los fabricantes.
Se espera que la decisión definitiva se tome el próximo 8 de noviembre. Para entonces sabremos que ha pesado más sobre la Unión Europea, si el interés general y la preocupación por el efecto invernadero generado por gases como el CO2, o la defensa de la industria que se está llevando a cabo desde los países que económicamente están más interesados en ello.
