Durante los últimos meses hemos hablado largo y tendido de contaminación, de restricciones al tráfico e incluso prohibiciones, de coches antiguos, de diésel, de etiquetado DGT. Hace años os adelantamos que en grandes ciudades como Madrid muy pronto veríamos restricciones al tráfico en episodios de contaminación. Y sucedió. Hace un año os contábamos como el etiquetado de emisiones DGT abriría la puerta a la expulsión de los diésel más antiguos de la ciudad. Y sucedió. Y ahora podemos adelantar que esas restricciones, tal vez, no acaben realizándose sobre el etiquetado DGT, sino sobre un análisis realista de las emisiones generadas por cada vehículo. O así debería hacerse. Y todas estas predicciones no las hemos hecho, ni mucho menos, porque seamos adivinos.
Basta contemplar a los países de nuestro entorno, y a las ciudades en las que más hincapié se ha hecho en poner coto a la congestión del tráfico y la contaminación, para predecir fielmente lo que sucederá en las grandes ciudades españolas. Nuestras predicciones se hicieron, precisamente, en base a las actuaciones que ya se habían llevado a cabo en ciudades como Londres y, sobre todo, París. En Londres, por ejemplo, ya se ha planteado una tarifa extra – sobre el Congestion Charge ya existente – de 10 libras por circular en la zona centro de la ciudad, que entrará en vigor en octubre.
Pero para Londres, y otras ciudades como París, la escala establecida por el etiquetado de emisiones que ya está llegando a los conductores españoles no es suficiente. Hay que apostar por un sistema que grave convenientemente a los vehículos más contaminantes, pero desde parámetros práctica y científicamente realistas.
De ahí que Londres ya haya anunciado que escalas, como la de encasillar a cada automóvil en función del combustible empleado – diésel o gasolina – y la normativa europea para la que fue homologado, no son suficientes. El escándalo de los diésel de Volkswagen, y la cantidad de trucos empleados por los fabricantes para recibir una homologación más favorable, en un escenario de pruebas de laboratorio, poco realista, se antojan como insuficientes para resolver un problema tan importante como el de la contaminación.
Londres y París comenzarán muy pronto a establecer las restricciones a los vehículos que circulen por el centro de la ciudad, las prohibiciones, y las tasas que han de pagar, en función de un análisis realista e independiente de las emisiones reales de cada automóvil (ver publicación en London.co.uk). Un análisis que, de la mano de las pruebas RDE (Real Driving Emissions), analizará las emisiones reales de los vehículos que circulan por sus carreteras y tendrá en cuenta esos datos, y no la normativa Euro para la cual fueron homologados, para tomar las correspondientes medidas de control.
Con este movimiento, Londres y París no solo pretenden establecer restricciones, sino también disuadir a los compradores de adquirir, ya sean nuevos, o de segunda mano, coches contaminantes.
El problema está en que, antes de implantar estas medidas, será necesario disponer de suficientes datos, y de cientos de mediciones, para asegurar cuáles son las emisiones reales o, mejor dicho, más realistas, de cada automóvil. Y eso requiere una inversión importante, la colaboración de los fabricantes y tiempo.
De ahí la razón por la cual las restricciones que se plantean en España, en ciudades como Madrid, sean las más obvias, y las más socorridas, utilizando los medios de que disponen nuestras autoridades y las competencias de ayuntamientos como el de Madrid. Como ya imaginábamos cuando se presentó, el etiquetado de emisiones DGT es un instrumento eficaz, aunque no justo, para llevar a cabo este tipo de restricciones. De tenerse en cuenta las emisiones de cada automóvil desde el análisis de un ciclo de conducción realista, no servirían para nada, y tendría que establecerse un nuevo plan de restricciones y, previsiblemente, un nuevo etiquetado.
Dicho lo cual, el sistema de restricciones al tráfico que plantea Madrid, y a la vista de que en París y Londres ya van dos o tres pasos por delante, ha quedado obsoleto antes incluso de entrar en vigor.
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