Los últimos años han sido especialmente delicados para el diésel. Desde que el gasóleo se convirtiera en el enemigo número de la opinión pública, coincidiendo con el escándalo de las emisiones, no habíamos asistido a una situación en la que se produjeran tantos pronunciamientos en su contra, ni tampoco un debate tan extendido acerca del asunto. Muchas administraciones públicas, incluido el Gobierno y sus ministerios, se han posicionado en el debate del diésel. Y eso nos ha llevado inexorablemente a una posición incómoda para cualquier gobernante, el dilema del Gobierno y el diésel.
De «los días contados del diésel» a «tienen mucho que decir»
Durante el verano de 2018 escuchábamos una frase lapidaria, por quién la profería, y por el mensaje transmitido. La ministra de Transición Ecológica afirmaba que «el diésel tiene los días contados». Aquella frase, que no admitía discusión alguna, sentenciaba al gasóleo y evitaba algo tan importante como abrir un debate acerca de la idoneidad del diésel.
En vez de preguntarnos si tiene sentido que sigamos utilizando motores diésel en coches pequeños, para hacer pocos kilómetros, o qué hacer con los diésel más antiguos que aún encontramos en nuestras carreteras, nos estábamos preguntando hasta cuándo podríamos seguir conduciendo vehículos con motores diésel.
El debate del fin de los diésel y la gasolina
Aquella reflexión generó controversia, la indignación del sector del automóvil, y enormes dudas entre los compradores. El eterno debate acerca de adquirir diésel o gasolina, que en menor o mayor medida siempre había existido, y que tenía que ver con factores económicos, o gustos personales, se había zanjado de golpe. Las preguntas que más hemos escuchado desde ese día tenían que ver con aspectos como, qué hacer con el diésel que tengo el garaje, o qué sucederá con mi coches si me compro un diésel.
La industria del automóvil alertó de las consecuencias que podría tener, para la producción de automóviles en España, y en el mercado. Y de hecho se ha acusado a esa frase, además de otras situaciones que se han dado más tarde, del descenso de las ventas que se ha producido en los últimos años. En 2019 la cuota del diésel se situó en el 27,9%, frente al 60,1% de la gasolina.
Más tarde, llegaría la filtración del borrador de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que ya ponía plazos a la prohibición de la venta del diésel, e incluso la gasolina, y su circulación. Un borrador que, por supuesto, jamás salió adelante y que, pese a plantear plazos muy holgados, y quizás incluso acordes con lo que se debe estudiar para una transición energética que no solo es deseable, sino también necesaria, lo único que hizo fue acrecentar el problema inicial.
Ya en 2020, y conformado el nuevo Gobierno, bajo la coalición de PSOE y Unidas Podemos, las medidas para mitigar los efectos y el problema del cambio climático, y avanzar hacia esa transición energética, se han situado como una de las prioridades del nuevo ejecutivo. Y todo apunta a que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética saldrá adelante pronto, manteniéndose fiel a lo ya visto en aquel borrador. También se espera una subida de los impuestos al diésel, en la búsqueda de su equiparación con los impuestos con que está gravada la gasolina. Una subida que ha ido retrasándose en los últimos años por la imposibilidad del Gobierno surgido tras la moción de censura de 2018 de aprobar sus Presupuestos.
Un debate técnico condicionado por la política
Los acontecimientos de los últimos meses constatan aún más el dilema del Gobierno, en 2019 la ministra de Industria reconocía que los motores de combustión interna, el diésel y la gasolina, «todavía tienen mucho que decir». Ese nuevo posicionamiento no solo se explica como un intento por contentar a una industria, sino también por frenar una situación indeseable, y dañina, para una de las principales industrias del país, y un motor de la economía española, que mantiene miles de empleos.
La situación política plantea un dilema no menos importante para el Gobierno, que había hallado en la subida de impuestos al diésel uno de los puntos clave de sus presupuestos, para generar la recaudación necesaria para llevar a cabo un importante paquete de inversiones públicas. La subida de impuestos al diésel sigue siendo, sin duda, una medida altamente impopular. Y eso hace que un debate que debería tratarse desde el rigor técnico, acabe desvirtuado por la situación política.
El debate no ha terminado. El dilema del Gobierno seguirá abierto, y seguirá siendo el dilema de los sucesivos gobernantes, y de las administraciones públicas en toda su extensión. Los próximos años asistiremos a cambios profundos, en los que el coche eléctrico, o el fin del motor de combustión interna, no es más que la punta del iceberg. Cambios profundos que pondrán a prueba nuestra economía, el ámbito político, y nuestras sociedades.
