Algunas ciudades españolas ya se han acostumbrado a la presencia del sedán oscuro, tras el cual a menudo nos encontramos a un chófer que trabaja con compañías como Uber y Cabify. Y esa situación despertó la indignación del sector del taxi, que inició diferentes acciones de protesta amparándose en la existencia de una normativa que paralizaba la adjudicación de nuevas licencias VTC, las necesarias para prestar servicios como chófer en Uber y Cabify. Hasta ahora, miles de autorizaciones se habían paralizado a la espera del fallo del Tribunal Supremo. Pero la situación parece haberse puesto en contra del taxi, después de que el Tribunal Supremo haya aprobado 80 nuevos permisos VTC en la Comunidad de Madrid, lo que abre la puerta a la autorización de miles de permisos VTC cuya aprobación se había paralizado en los últimos años. ¿Qué significa eso? ¿Qué consecuencias tendrá para el taxi y para servicios como Uber y Cabify? ¿Cómo se ha llegado hasta esta situación?
¿Por qué es tan importante este fallo del Tribunal Supremo?
Tal y como cuenta esta mañana El Confidencial, el mayor problema al que se enfrenta el taxi ahora, además de la cantidad de solicitudes de licencias VTC que se han acumulado durante los últimos años, es la jurisprudencia que sienta el fallo del Tribunal Supremo. Las 80 solicitudes serían la punta del iceberg si este fallo hace que se aprueben buena parte de las 6.000 solicitudes que habría pendientes, únicamente entre Madrid y Barcelona. De aquí a enero se aprobarán más de 300 licencias.
Todos estos permisos que se solicitaron entre julio de 2013 y noviembre de 2015 podrían aprobarse y salir del limbo en el que se encontraban hasta ahora. Y eso muy probablemente acabaría haciendo que el número de vehículos prestando servicio para empresas como Uber y Cabify se multiplique, teniendo en cuenta que el número de solicitudes pendientes, por ejemplo en Madrid, es muy superior al de licencias VTC que prestan servicio en la capital.
¿Qué ha sucedido para que se llegue a este punto?
A finales de 2009, durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, se aprobaba bajo la Ley Ómnibus la modificación de diferentes leyes que facilitaban el acceso a determinados servicios, entre ellos los transportes, y por supuesto el taxi, que a efectos prácticos suponían su liberación. Aquella ley no tardaría en despertar las críticas del sector del taxi, que veía cómo se estaba abriendo la puerta a la llegada de servicios paralelos que ejercieran su actividad.
La irrupción de Uber hizo que en 2013, ya durante la presidencia del Gobierno de Mariano Rajoy, y ante la presión del sector del taxi, se modificará la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres para limitar las licencias VTC a una relación, máxima, de una por cada 30 taxis. Fomento llegó incluso a acusar al anterior Gobierno de haber provocado una situación de «inseguridad jurídica».
Esta modificación, que no fue completada hasta 2015, provocó la paralización de nuevas licencias por haberse alcanzado la relación máxima, pero no impidió que las que ya habían sido aprobadas siguieran prestando servicio. Esta ha sido una de las razones por las cuales el sector del taxi ha seguido movilizándose durante los últimos meses.
¿Por qué ha fallado a favor de las VTC el Tribunal Supremo?
El Tribunal Supremo dicta dos sentencias por las cuales se procede a la concesión de 80 autorizaciones de licencias VTC que se solicitaron entre 2013, y la aprobación del Real Decreto de 2015. La propia sentencia destaca que no entra a valorar la legalidad de la reforma aprobada en 2015, sino que falla a favor de sendos recursos que solicitaron su licencia en 2014, por haberse presentado con anterioridad.
¿Y ahora qué sucederá?
La jurisprudencia que sienta este fallo del Tribunal Supremo provocará el desbloqueo de las solicitudes de licencia VTC paralizadas, y su aprobación. Una situación que muy probablemente redundará en un incremento importante del número de vehículos que prestan servicio para empresas como Uber y Cabify.
Muy probablemente nos dirigimos a un nuevo escenario de protestas que comenzarán con la manifestación que se llevará a cabo el próximo 29 de noviembre frente a la delegación de Gobierno de Madrid, que ayer mismo fue anunciada.
