La contaminación en las grandes ciudades se ha convertido en un problema especialmente prioritario para las administraciones, sobre todo si hablamos de grandes núcleos urbanos como Madrid o Barcelona, donde los niveles de contaminación no han parado de crecer. Tanto, que pese a iniciativas como Madrid Central o el sistema de etiquetado de la DGT, la Unión Europea ha decidido iniciar un proceso sancionador contra España.
El actual gobierno de España, aspirante además estos días a ser reeditado, ha anunciado restricciones a los coches diésel y gasolina en todas las poblaciones de más de 50.000 habitantes –148 poblaciones concretamente-, en las que tendrá que existir un área de bajas emisiones que supondrá la restricción al tráfico más contaminante.
Sin embargo, parece que este tipo de medidas no han sido suficientes para que Bruselas inicie un procedimiento sancionador ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea debido al incumplimiento reiterado de los límites de emisiones contaminantes. Este procedimiento es el mismo que Bruselas inició ya en 2015, pero que quedó en suspenso en 2018 tras comprobar que algunas ciudades como Madrid y Barcelona habían comenzado a aplicar protocolos para contener la contaminación.
La llegada de las etiquetas ambientales de la DGT también supuso un beneficio para España de cara a las autoridades europeas, algo que parece que finalmente no ha servido para detener completamente un proceso que no llegó a archivarse y que se hará público previsiblemente el jueves, alargándose durante años hasta llegar a su parte final.
Bruselas no da más oportunidades a España
De cualquier forma, y tal y como ocurrió anteriormente, el gobierno de Sánchez tiene la oportunidad de paralizar este proceso si se aplican nuevas medidas que mejoren la calidad de un aire que, al menos en Madrid y Barcelona está cada vez más viciado y contaminado, siendo la causa principal de miles de muertes anualmente.
Parece que gestos como la suspensión temporal de Madrid Central ha servido para que las autoridades europeas volviesen a poner el foco en España, que tendrá que luchar ahora por detener de nuevo este expediente sancionador. La Ley de Cambio Climático y Transición Energética, en la que «se invita a que los municipios de más de 50.000 habitantes fomenten la introducción en la planificación de ordenación urbana de medidas de mitigación que permitan reducir las emisiones derivadas de la movilidad» puede ser un arma para que España se libre finalmente de las sanciones, que llevan acechando desde hace casi un lustro.
Fuente: El País
