Un pequeño respiro para los fabricantes. La Unión Europea ha tomado la decisión de aplazar la implementación de las multas que en principio iba a aplicar a los fabricantes de automóviles que incumplieran la normativa de emisiones de CO2 ya desde este mes. Así lo ha comunicado la propia presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, consciente de que actualmente los productores del viejo continente afrontan uno de los momentos más desafiantes, no sólo por esta posible aplicación de sanciones, sino también por la posible implementación de aranceles a sus vehículos exportados a Estados Unidos, así como a la llegada de automóviles eléctricos procedentes de China.
Tal y como os contábamos ayer, esta decisión ha sido tomada en la segunda reunión de Dialogo Estratégico en el que se ha puesto sobre la mesa el futuro de la industria automotriz europea, anunciando que finalmente se aplicará una modificación específica a la normativa sobre emisiones de CO2 cuya aplicación en teoría iba a comenzar ya este mes de marzo y se les dará un plazo de tres años, aunque ha dejado claro que los objetivos «siguen siendo los mismos» y que los fabricantes tienen que cumplirlos, por lo que si se exceden en 2025, entonces tendrán que compensarlo en 2026-27 «según el principio de bancarización y endeudamiento».
Debemos recordar que las sanciones apuntaban a que las compañías deberían declarar las emisiones medias de CO2 de sus coches este año, y de superar el límite impuesto, entonces se les aplicaría una multa de 95 euros por cada gramo de CO2 que excediera el techo impuesto, algo que a su vez se multiplicaría por el número de coches vendidos en un año en los mercados del Viejo Continente.
El propio Luca de Meo puso números a lo que podría significar esto para la industria del automóvil europea, apuntando a que se podría estar hablando de sanciones que alcanzarían los 15.000 millones de euros en el punto más desfavorable, mientras que otros competidores como Volkswagen estimaron que en su caso podría significar hasta 1.500 millones de euros en sanciones, algo que sin ir más lejos también les llevó a ser previsores y dimensionar su cadena de producción, apuntando a un posible cierre de tres factorías alemanas (que finalmente no se produjo) y al despido masivo de empleados.
De esta forma, tendrán algo más de tiempo para seguir ajustando cada uno de los procesos de fabricación así como sus estrategias comerciales en un momento en el que será clave para la supervivencia de cada una de las marcas. La propia presidenta Von der Leyen admitió en este sentido que «existe una clara demanda de más flexibilidad en los objetivos de CO2. El principio clave es el equilibrio: por un lado, necesitamos previsibilidad y equidad hacia aquellos que han hecho con éxito sus deberes, por otro lado, necesitamos escuchar la voz de aquellos que piden más pragmatismo en tiempos difíciles».
Las reacciones al anuncio de la Unión Europea:
La intención pasa por dar «más margen de maniobra al sector», aunque manteniendo aun así el objetivo también de revisar todo de cara al año 2035, siempre teniendo «la total neutralidad tecnológica como principio fundamental», algo que en países como Italia se ha celebrado ya que sigue la línea planteada por el ministro de Empresa y Made in Italy, Adolfo Urso, apuntando a que esto permitirá mantener la competitividad a los fabricantes europeos y a su vez evitar el colapso al que se habría enfrentado el sector.
También ha habido voces discordantes, entre ellas la de Volvo, uno de los fabricantes que más había acelerado hacia su electrificación total y que en boca de su director ejecutivo, Jim Rowan apuntaba después de conocerse las decisiones de la Unión Europea que su compañía «ha realizado las fuertes inversiones necesarias para estar preparada para 2025. Empresas como la nuestra no deberían verse perjudicadas por ningún cambio de última hora en la legislación».
