Esta es la pregunta que se extrae del último estudio llevado a cabo por el portal AutoScout24 con motivo de la propuesta de la Comisión Europea que pretende instalar en España 82.000 puntos de recarga con acceso público. Según la comisión, la inversión necesaria para sufragar este despliegue alcanzará los 8.000 Millones de Euros en todo el territorio europeo, lo cual supone un impacto económico bastante contundente sobre una infraestructura que todavía posee no pocas lagunas.
El estudio ha puesto de manifiesto que el 37% de los españoles estaría de acuerdo con un modelo de financiación de la infraestructura para vehículos eléctricos que saliera del bolsillo del contribuyente, claro está, que siempre que dicha aportación se tratase de una contribución razonable. Europa pretende que España pase de 1.356 puntos de recarga actuales a 82.000 para el año 2020 y es el modelo de financiación el que más miedos y polémicas puede generar a partir de ahora.
España tendrá que pasar de 1.356 puntos de recarga a 82.000 para 2020
La Comisión Europea ha recomendado que la instalación de puntos de recarga sea llevada a cabo a través de la iniciativa privada, quizá como toque de atención a las energéticas de cara a subrayar que ya que el mayor negocio lo van a tener ellas, que ellas sean las que corran con la mayor parte de la inversión, quizá. Aún así, la inversión pública estará presente, ya sea en forma de ayudas, subvenciones o plataformas, pero la clave es de dónde saldrá esa inversión de carácter público.
Esta cuestión es el segundo apartado que nos plantea este estudio, pues ante la posibilidad de sufragar la infraestructura a través de impuestos, se ha preguntado si dichos impuestos deberían salir del bolsillo colectivo, de los usuarios que disfruten de estas infraestructuras o de los usuarios que todavía se conformen con el uso de transportes convencionales.
¿Quién correrá con los gastos?
De este modo, el 22% de los españoles piensa que los impuestos para el desarrollo de la infraestructura debería salir del bolsillo de los conductores de un vehículo eléctrico, mientras que es el 19% el que plantea que estos impuestos deberían extraerse de los usuarios de vehículos convencionales. A su vez, el 17% de los españoles encuestados prefieren que estos impuestos sean de carácter indirecto y recaudados a través de las proveedores energéticos.
Bajo mi humilde opinión, tan sólo puede decir que a cada cual solución peor, pues si es necesario un cambio en la movilidad, es justo pensar que la ayuda pública sea un concepto muy presente, pero no podemos olvidar que la oportunidad de negocio es más que rentable, sobre todo en este país y centrando la mirada en el papel que desarrollarán las eléctricas.
Fuente: Ioncomunicación
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